Como todos sabemos, la llegada de la temporada alta es un ´imponderable´. Los fondeos masivos, también. Por eso el montaje de los campos de boyas ecológicas en el Parque Natural se ha retrasado un mes, hasta julio. La excusa, «problemas administrativos relacionados con la exposición pública del contrato». Me lo creo. Sólo ha transcurrido un año desde el verano de 2017 y a nuestro diligente Govern no le ha dado tiempo a tramitar el servicio en plazo. Al menos, y encarando la recta final de legislatura, nos ha prometido que el decreto de protección de la posidonia estará aprobado ya mismo. Lo celebro y espero que venga acompañado de un régimen de sanciones realmente disuasorio y los medios necesarios para hacerlo efectivo. Porque la política de «apercibimiento» y las multas irrisorias no hacen mella, sobre todo cuando ni se imponen. Durante el verano pasado cientos de yates anclaron en las praderas y Medio Ambiente únicamente abrió veinte expedientes. Una cifra ridícula hasta para maquillar la impunidad.
Soy consciente de las presiones del sector náutico contra la prohibición de fondear sobre posidonia y de sus campañas de intoxicación, minimizando el gravísimo impacto de las anclas, pero sí tiene razón al señalar a las administraciones como las mayores responsables de la regresión del pulmón verde del Mediterráneo, por su pasividad mientras las depuradoras de las islas arrojan toneladas de agua contaminada mar adentro. Allí donde no se ve, ni huele, ni resta votos, y sólo mata.
