La polémica por la delimitación de las zonas de la isla aptas para el alquiler turístico surgida en los últimos días entre el PSOE y Guanyem y Podemos en el Consell de Ibiza habla muy claro de la desconfianza entre los socios de gobierno en la primera institución insular. Una desconfianza que ya desde el principio de la legislatura creó dos gobiernos paralelos que tienen repartidas las conselleries y las áreas de trabajo para que el uno no se meta en lo que compete al otro. Si atendemos a lo que dicen, es más o menos lo mismo. Ni los socialistas ni los morados de aquí y de allá quieren que se autoricen más alquileres turísticos de viviendas unifamiliares -en plurifamiliares ya fueron descartados-, aunque el camino no sea el mismo. El PSOE dice que ya se ha fijado un techo de 20.500 plazas, que el cupo está completo y que el que quiera una autorización de vivienda turística tendrá que esperar a que alguien se dé de baja. En Guanyem no lo ven tan claro, lo que quieren es que no haya más autorizaciones, se produzcan bajas o no. Y si pudieran y no fuera ilegal apostarían porque se redujera el cupo. Puede parecer un detalle sin importancia si no fuera por todo el mar de fondo que hay detrás. Ese mar de desconfianza que parte por la mitad al gobierno insular y que ha mantenido una guerra fría abierta durante toda la legislatura.