El Partido Popular (PP) no cambia. Da igual si sus dirigentes son más jóvenes, si tienen más formación o si parecen más modernos que sus antecesores. En realidad, sigue siendo un partido que está al servicio de los especuladores, de quienes quieren aprovecharse de los demás y de quienes sólo piensan en forrarse, cometiendo para ello los abusos que haga falta. La cascada de ejemplos es tal, que hace falta estar ciego para no verlo, aunque basta una ojeada a la miríada de sentencias judiciales recaídas sobre el PP para comprobarlo.

Uno de los innumerables ejemplos de la voluntad de este partido para apoderarse de lo que es de todos para regalárselo a los ricachones (sean estos del pelaje que sean) es la reforma de la Ley de Costas que aprobó el PP en la anterior legislatura. Esa ley, aprobada en 1988 en las Cortes con el voto favorable de todos los partidos políticos (todos), consagraba el carácter público del litoral, pero el Partido Popular, casi treinta años después, ha inclinado la cabeza ante los grupos de presión a los que se debe y les ha regalado la costa, como ya antes les había regalado muchas más cosas. De este modo, la nueva ley establece que cualquier particular puede obtener autorización para ponerse una plataforma con hamacas junto al mar, para su único y exclusivo uso y disfrute. Esto es lo que ha sucedido en s´Embarcador de Platges de Comte, donde un magnate ruso, usando la ley del PP, ha privatizado de facto ese tramo tras pagar los 4.000 euros que prevé la nueva normativa.

Dicha ley contempla que, incluso en esos casos, se conserve el derecho de paso público por la orilla, pero ¿quién osará pasar por allí viendo todo el tinglado montado sobre las rocas, y viendo también a los gorilas y matones que pululan por la zona? Privatización al fin y al cabo, alentada por el PP.

Pero este es sólo uno de los muchos efectos que ha provocado la reforma de la Ley de Costas. Los hay aún más graves. Por increíble que parezca, el Partido Popular ha redefinido la propia anchura de la zona de dominio público en gran parte de la costa, mediante un cambio de concepto que permite que esa anchura sea mucho más estrecha y, por tanto, incluso pueda revertirse el deslinde en sus propiedades.

Resultado: donde antes era imposible construir, ahora podrá hacerse, a dos pasos del mar.

Por si no hubiera suficiente con el tropel de mafiosos y delincuentes internacionales que nos avasallan cada verano y nos echan literalmente de nuestra costa, el PP sale en su ayuda con leyes como esta. Lógicamente los dirigentes conservadores de Ibiza no dirán ni mu ante todo esto.

Es así como iremos perdiendo los lugares a los que siempre habíamos ido. Primero son algunos tramos de rocas, luego serán algunos trozos de playa, luego playas enteras y llegará un día en que los residentes tendremos que rellenar una autorización si queremos ir a bañarnos a la costa. Al tiempo.

Lo grave del asunto es que la línea de pillaje hacia lo público que marca el PP la va siguiendo luego el PSOE, como se ha visto en Sant Josep, donde están sucediendo cosas mucho más escalofriantes de las que se han publicado jamás en ningún medio local. Sólo queda una solución: la movilización de los ciudadanos que no han caído de la secta de las siglas y que aún saben distinguir lo bueno de lo malo.