Hoy, 22 de abril, Día de la Tierra, es la fecha que se ha elegido para firmar los compromisos y acuerdos de la cumbre de cambio climático COP21, celebrada en París en diciembre de 2015. En su momento, fue elogiado como un acuerdo sin precedentes, un gran éxito de consenso que tendría efectos importantes para afrontar este grave problema, pero en realidad los acuerdos de la COP21 no cuentan con mecanismos para asegurar su efectividad: los compromisos adquiridos no son vinculantes y la implementación de medidas es voluntaria.

España queda a la cola de países europeos que ya han introducido medidas para reducir emisiones. Mientras que otros países promueven las energías renovables y reducen su dependencia de los carburantes fósiles, España, bajo la tutela del exministro de industria José Manuel Soria, ha conseguido castigar las energías renovables mediante sus decretos nefastos, haciendo la vida imposible a los pequeños inversores y haciendo huir a las compañías que trabajan en este sector a otros países sin sol, pero con un clima más favorable para la implantación de la energía fotovoltaica.

Parece increíble que hasta 12 empresas españolas involucradas en el sector de paneles solares fotovoltaicos han optado por expandirse en el Reino Unido en los últimos tres años al disminuir su mercado doméstico.

Ahora, con un nuevo gobierno, tenemos la oportunidad de dar un giro al tema de la energía fotovoltaica y aprobar una legislación que la favorezca, ya que su avanzada tecnología, fácil y de barata instalación, se presta a solucionar el tema de las altas emisiones de efecto invernadero. El autoconsumo, ya implantado en otros países, es una modalidad muy sencilla.

Cualquiera puede comprar un panel fotovoltaico por sólo 150€ ó 200€, instalarlo en su balcón o tejado y, la electricidad que se produce, se consume en el momento, o, si sobra, se inyecta a la red eléctrica, además de recibir una compensación en tu factura de la luz de la compañía eléctrica. Es la modalidad que tanto miedo provoca al oligopolio eléctrico, que teme la erosión de su control y los beneficios económicos y por ello, ha sido demonizada en las diversas ediciones del decreto conocido como peaje al sol, promovido por Soria.

Lamentablemente, la falta de visión y previsión de cara al futuro no es una enfermedad limitada a los políticos del gobierno español, sino que también es una condición crónica a nivel local. La saturación de nuestra isla durante los meses de verano y la falta de previsión nos han conducido a una situación límite. La política de crecimiento urbanístico sigue dominando la mayoría de las administraciones, sin considerar ninguno de los factores limitantes.

Aunque la función principal de las administraciones locales es planificar y gestionar el territorio, los recursos naturales y las infraestructuras, esta responsabilidad se ha ignorado, abocándonos a una crisis ecológica, donde faltan los recursos básicos como el agua potable; donde no existe un plan de movilidad para paliar el problema de carreteras atascadas a todas horas -su ampliación o la construcción de nuevos viales es vista como única solución- donde las anticuadas y saturadas depuradas no dan abasto y su funcionamiento es deficiente, provocando la contaminación de nuestros mares y playas y poniendo en riesgo uno de nuestros principales reclamos turísticos.

El desfase en la planificación de estos servicios es permanente. Hablar de moratorias o de crecimiento cero parecen propuestas radicales, y los principales promotores interesados en seguir exprimiendo este modelo así lo han presentado, y siguen cosechando victorias única y exclusivamente para ellos, cuando en realidad es la lógica solución a la saturación que sufrimos, y quizás es la única salida a una situación que promete ir a peor y será de difícil retorno. Podemos seguir como si nada ocurriera, o cambiar la tendencia para mantener un mínimo de calidad de vida.

No hay más opciones.