En los últimos días se han publicado en Diario de Ibiza una serie de artículos relativos al juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Ibiza que lamento que no se publiquen en un periódico de tirada nacional, ya que donde se pueden solucionar los problemas de dicho juzgado, y de todos los operadores jurídicos que en él trabajamos, es en el Ministerio de Justicia.

El principal problema es de falta de medios: cuando el personal del juzgado de Violencia sobre la Mujer tiene que coger una baja por enfermedad (algunas duran meses) no se contrata a nadie para suplir su baja; ni siquiera se ha suplido durante meses la del juez titular (el decano de los jueces de Ibiza). Y ello pese a haberlo solicitado él mismo en dos ocasiones, desde el mes de mayo hasta que finalmente se aprobó a mediados de agosto que hubiera un juez sustituto.

Los funcionarios que están de baja no han sido sustituidos aún, por lo que la ingente carga de trabajo existente recae sobre los que a día de hoy, y con gran esfuerzo, llevan sus propios expedientes y los que corresponderían a los funcionarios que se encuentran de baja.

En cuanto a que no existe una sala para las víctimas, que se encuentran en los pasillos sentadas al lado de sus presuntos agresores, debo manifestar que esta afirmación es incorrecta. Existe una salita para las víctimas donde están acompañadas o bien por sus familiares, o bien por una trabajadora-acompañante de la Casa de la Dona, o bien por la policía en las ocasiones que lo requieren, y por supuesto por sus abogados cuando pueden estar allí pendientes de informarles de todo lo sucedido.

En cuanto a algunas manifestaciones que se han vertido sobre que los funcionarios no asesoran debidamente, son erróneas o incluso malintencionadas, ya que se les explican debidamente sus derechos, no solo por los funcionarios, sino también por la secretaria judicial y por sus abogados, tanto los designados de oficio como los que han contratado de manera particular. Incluso Su Señoría les vuelve a explicar sus derechos€

Si existen muchos sobreseimientos en denuncias interpuestas por mujeres que supuestamente han sido víctimas de malos tratos es porque no ha existido prueba alguna de que lo que ellas han denunciado haya ocurrido. En ocasiones, y esto es lamentable, los abogados de las víctimas detectamos que los motivos que les han llevado a denunciar a su agresor han sido espurios, o para acelerar un procedimiento civil, o para tener acceso a las ayudas económicas que ofrece el Ministerio, o incluso para regularizar su situación al ser extrajeras y optar así a conseguir su permiso de residencia por circunstancias excepcionales.

También muchas mujeres que han sido supuestamente víctimas de malos tratos prefieren retirar la denuncia cuando ellas son también imputadas por haber agredido a su pareja y ex pareja. En un primer momento el detenido siempre es el hombre, pero cuando se instruye la causa y se comprueba que ella también ha sido agresora y que puede terminar siendo ella también condenada por un delito de malos tratos, entonces decide acogerse a su derecho a no declarar y por ello, al no haber prueba alguna de cómo sucedieron los hechos, el Ministerio Fiscal insta el archivo de la causa.

Los abogados de las víctimas de malos tratos solo acusamos cuando ellas quieren acusar, y recurrimos el sobreseimiento cuando ellas quieren recurrir.

Si no quieren recurrir un sobreseimiento nos lo manifiestan, se recoge en el acta y lo firman ellas mismas, en presencia de la secretaria judicial, llegando incluso a ponerlo de su puño y letra en la resolución de archivo: «No deseo recurrir».

Si alguna víctima de malos tratos piensa que no ha sido debidamente atendida por su abogado (particular o del turno de oficio) puede acudir al Colegio de Abogados y poner una queja contra ese profesional, y se iniciará un expediente contra él para que explique, aclare y demuestre lo sucedido.

En más de veinte años de ejercicio profesional sólo he recibido el cariño de las mujeres a las que he defendido, no habiendo recibido queja alguna (a día de la fecha). Pero a menudo me planteo darme de baja del turno de oficio de asistencia a las víctimas de malos tratos: cuando veo y compruebo que han interpuesto una denuncia falsa, pero también cuando veo y compruebo que el Ministerio de Justicia tarda más de tres meses en pagarme la guardia de asistencia.

Por cierto, por la guardia de 24 horas como abogados del turno de oficio especialistas en asistir a las víctimas de violencia de género cobramos la cantidad de 60 euros brutos (menos de 2 euros netos la hora) y si existe una resolución de archivo no se nos paga el procedimiento, nada, por nuestro trabajo.

Si finalmente hay una sentencia condenatoria contra el agresor, que puede dictarse el mismo día de la guardia o meses después mientras se tramita el procedimiento (meses de trabajo) el abogado del turno de oficio cobrará unos 200 euros.

Ningún abogado está en el turno de 0ficio especial de violencia de género por cuestiones económicas, sino por vocación, para ayudar y asistir a las verdaderas víctimas de malos tratos, por las que nos desvivimos todos los profesionales que trabajamos con ellas y para ellas.

Me duele trabajar en un edificio de los juzgados donde no existe ni una sala para que los abogados tengan a su disposición un ordenador y una impresora, y un lugar donde estar y reunirse con los compañeros mientras esperamos que los asuntos sean despachados en Fiscalía, pero al menos en el juzgado de Violencia Sobre la Mujer nos han habilitado una mesa y varias sillas para los abogados, siendo el único juzgado del edificio que lo ha realizado o ha podido realizarlo. Es el único edificio judicial de toda España en el que no existe una sala para los abogados, lo cual no es culpa ni del Colegio de Abogados, ni del decanato de los juzgados, sino del Ministerio de Justicia que no pone los medios para que los operadores jurídicos trabajen cómodamente y con eficacia.

También debemos mencionar al Ministerio del Interior, puesto que, según se nos ha informado, hay escasez de agentes del Cuerpo Nacional de Policía para investigar estos delitos (y otros) y la Guardia Civil tampoco tiene el apoyo de medios y personal que sería deseable.

Ignoramos el presupuesto con que cuentan la Casa de la Dona y las Mujeres Progresistas, pero esperemos que sea mayor (al menos proporcionalmente) que el que destinan los ministerios de Justicia e Interior para luchar contra los (verdaderos) casos de violencia sobre la mujer.

Les aseguro que tanto el juez decano como el juez que actualmente le sustituye y los jueces de Instrucción que durante meses se han hecho cargo de sus juzgados y al mismo tiempo de los casos de violencia sobre la mujer, el Ministerio Fiscal, secretaria judicial, funcionarios de dicho juzgado, abogados, policías, guardias civiles, personal de acompañamiento y todos los operadores estamos para atender, con los escasos medios que recibimos de los ministerios de Justicia e Interior, con la mayor profesionalidad, y en ocasiones mucho cariño, a las víctimas de malos tratos.

Quiero terminar haciendo mención a que no solo existen mujeres maltratadas, sino que como abogados del turno de oficio general defendemos a padres, hijos y hombres maltratados por sus hijas, madres o mujeres... Existen casos terribles, lamentablemente, de mujeres maltratadas, pero también existe la presunción de inocencia que está constitucionalmente garantizada, y solo es condenado un agresor (sea del sexo que sea) cuando existen pruebas suficientes para desvirtuar esa presunción de inocencia. El resto es demagogia.