Salvo aquella disparatada guerra de precios iniciada en la década de los 90 por Flebasa y Trasmapi -las navieras que entonces enlazaban Ibiza y Formentera-, y las periódicas pullas entre los propietarios de discotecas, la batalla empresarial más encarnizada de la historia pitiusa reciente ha tenido como protagonistas a la empresa de transporte H.F. Vilás y la sociedad gestora de la estación Cetis, controlada por la compañía catalana Sagalés.
La contienda se materializó en una escalada de descalificaciones y demandas judiciales, que en buena parte se dirimieron a través de los medios de comunicación, y culminó con el cierre de la estación hace justo un año. El pato, como es habitual, lo acabaron pagando los viajeros, que tuvieron que volver a la intemperie de las paradas callejeras, bajo el sol de agosto y las lluvias invernales, y también los ibicencos en general, por el follón monumental de tráfico y malestar que supone que toda la ciudad acabe convertida en improvisada estación, especialmente en los meses de verano.
Desde antes de que el Cetis entrara en funcionamiento, Francisco Vilás se erigió en el principal cruzado de la causa de los transportistas. Éstos se negaban usar la terminal por las tarifas que pretendían aplicar sus gestores, además de una serie de deficiencias estructurales que los simples mortales, por muchas veces que fuimos a contemplar la estación, no logramos atisbar. Allí, los pasajeros subían y bajaban con normalidad, y los autobuses accedían sin contratiempos ni maniobras forzadas. Los meses que estuvo en funcionamiento se saldaron sin incidentes y su diseño, que acabó cuestionando por el Ministerio de Fomento, fue previamente aprobado por los técnicos municipales.
En un encendido artículo de opinión en el que Vilás exageraba sin rubor, llegó a calificar el Cetis de «agujero con pretensiones que es cualquier cosa menos una estación de autobuses». Antes de eso, incluso denunció que la estación no era accesible para viajeros con discapacidad y que atentaba «contra las libertades fundamentales de las personas». Casi nada€. La sociedad gestora de la diabólica terminal contraatacó negando la mayor y acusando a Vilás de carecer de plataformas de sillas de ruedas en sus autobuses. Tras el intercambio de ganchos de izquierda, algunos periodistas acudieron a la estación para comprobar que, efectivamente, contaba con los elementos de accesibilidad necesarios (ascensores, baños adaptados, rampas en los andenes, etcétera).
Aún así, la presión de los transportistas culminó con la paralización del servicio en la estación, a lo que contribuyó de manera imprescindible el Consell Insular, que argumentó que el Ayuntamiento no era competente en materia de transporte y la justicia le dio la razón. Se llegó a opinar que en el trasfondo del asunto estaba la negativa de los transportistas a que se ejerciese un control sobre su actividad, ya que el Cetis registra cada entrada y salida de autobuses y viajeros. Cabe recordar que estas compañías reciben importantes subvenciones en función de los viajeros que trasladan y que ellos mismos se ocupan de contabilizar.
De puertas para adentro, en las encendidas reuniones que se sucedieron durante la crisis, los empresarios incluso apelaron al sentimiento patriótico, con frases como «tendrán que venir los de fuera a decirnos cómo hemos de hacer las cosas», y la oposición subrayaba la estrecha relación entre Francisco Vilás y el presidente del Consell, Vicent Serra, como uno de los factores clave en la clausura de la terminal. La esperpéntica situación, asimismo, puede provocar que el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el mismo partido, tenga que indemnizar al Cetis con una cantidad que oscila alrededor de los dos millones de euros. La factura, previsiblemente, la acabaremos pagando los ibicencos.
Ahora, en el apogeo del disparate, con las calles invadidas de paradas provisionales y la nueva estación cubierta de telarañas, descubrimos que los enemigos se hacen arrumacos y que Vilás está a punto de vender su compañía a Sagalés. Una operación que, por mucho que haya corrido a negarlo el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, supone un vuelco a la situación, ya que ahora la gestora del Cetis se sentará a ambos lados de la mesa negociadora. La familia Vilás, por su parte, no sólo va a vender una compañía con 90 años de historia al enemigo, sino que lo hace descartando la oferta conjunta de sus aliados en la contienda -las ibicencas Voramar El Gaucho y Autobuses San Antonio-, y otras dos procedentes de la península. Sagalés, a su vez, le sirve en bandeja a su archienemigo la mejor oferta. Desde un punto de vista económico, Vilás es quien sale mejor parado de esta historia. En cuanto a la ética y la estética, ya es otro cantar.
En la pretérita batalla dialéctica, ambas partes enarbolaron la bandera de la calidad del servicio público, la atención al ciudadano€ Sin embargo, a la hora de la verdad, hemos podido comprobar que, como siempre, lo único que importa para cerrar bocas y mover montañas es el dinero.
