Baleares lidera el ranking de denuncias en España por violencia contra la mujer: 18,24 frente a 12,80 por cada diez mil mujeres. En las islas hubo en el primer semestre, según Diario de Ibiza, 2.200 denuncias y 232 órdenes de protección. La primera impresión es que tanto en el paraíso de la liberación sexual que a día de hoy caracteriza a las islas como en el resto del país, algo no va bien en las relaciones entre los dos sexos. Y que la ley en vigor que iba a proteger a las mujeres de la violencia machista se asocia al incremento constante de denuncias.

Es este un terreno resbaladizo en el que opinar lo que contradiga la estética oficialmente consagrada supone incitar con seguridad al exabrupto instantáneo, el abucheo irracional y el insulto adocenado. El que suscribe está familiarizado con todo eso. Pero las salidas de tono no cambian la terquedad de los hechos. Un hecho es la estadística del CIS de septiembre: a pesar de la notoriedad que al tema se da en los medios, solo el 1,2% de los españoles considera la violencia contra la mujer entre los tres primeros problemas del país. Cuando se les pregunta por los tres problemas que más le afectan personalmente, el porcentaje desciende al 0,2%. Es falso por tanto que exista una alarma social que justifique la discriminación y el sexismo de la ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG), fracasada en evitar la violencia contra las mujeres y de efectos perversos sobre el problema que teóricamente pretende resolver.

Castiga como delito en los varones cualquier denuncia que haga una mujer y pena con más dureza los mismos delitos según el sexo del que los cometa por presuponer en la violencia causas culturales machistas que no es necesario probar en cada juicio particular. Crea el delito ´de autor´ por el hecho de realizarlo un varón. La declaración de la denunciante femenina, sin pruebas, basta, no existiendo suficientes garantías penales para el varón y violándose la presunción de inocencia. La denuncia de malos tratos, aunque sea falsa, supone la detención del acusado y la orden de alejamiento de los hijos, aun sin parte de lesiones o, incluso, con un parte médico en el que se afirma que no hay lesiones.

Las denuncias falsas, por pocas que sean, no son perseguidas, pese a ser delito y sumir al varón en la indefensión más absoluta. Así mina la credibilidad de las verdaderas denuncias y acaba perjudicando a las auténticas víctimas. Lo denuncia el Centro Jurídico Tomás Moro ante el Comité para el Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) dependiente de la ONU, en base a que «la LIVG no ha supuesto una disminución de la violencia contra las mujeres ni del número de muertes, pero sí atenta contra derechos fundamentales de la mayoría de la ciudadanía». Ese Comité es refugio de propagandistas de la ideología de género a la que pone por encima de los hechos, pero no está de más que alguien se los recuerde.