El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha enmendado la plana reiteradamente al Govern y, para ser más exactos, a los modos de gestión que imprime en él su presidente, José Ramón Bauzá. Como se ha demostrado, es un estilo concebido desde la primacía de la voluntad y hasta el interés personal, en detrimento de la vinculación a las normativas legales en vigor, como ejes reguladores de la aplicación práctica de los planteamientos ideológicos y de la ejecución de la gestión administrativa. Resulta, por tanto, una forma de obrar que nace viciada desde su punto de arranque y, como también se ha demostrado en los tres años largos de vida del Govern de Bauzá, genera desequilibrios institucionales y distancias entre el Ejecutivo autónomo y sus administrados, que en algunos casos son ya insalvables.

Hace muy pocos días, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB ha rechazado el recurso del Govern contra la suspensión de la orden de aplicación del TIL y le ha dicho también que no le queda otro remedio, sin posibilidad ya de más recursos, que abrir un concurso para otorgar cuatro nuevas oficinas de farmacias cuya creación estaba ya aprobada pero cuya convocatoria estaba congelada. El tribunal ha remitido al Ejecutivo un mensaje grave en su propia naturaleza y por el destinatario al que va dirigido: la Administración no está exenta del cumplimiento de la ley. Antes al contrario, debe dar ejemplo con su aplicación práctica y efectiva.

Lo mismo que los tribunales han dicho al Govern en el caso de las farmacias también valdría para los conflictos educativos, porque exactamente lo mismo ha ocurrido con un Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) que muy bien hubiera podido progresar con garantías si el Govern se hubiera avenido al consenso y dejado respaldar por técnicos y docentes. En cambio, su permanente tozudez en un asunto tan delicado y que ha sido objeto de movilización social, ha provocado una verdadera cascada de resoluciones y autos judiciales que han acabado inutilizando el TIL. En este asunto ha quedado acreditado que el Govern había dado la espalda al Estatut y hecho oídos sordos a los consejos que le llegaban de la Universitat.

La propia incompatibilidad del presidente, en este caso resuelta a su favor, y la gestión de sus negocios privados, como la vinoteca, también han debido dirimirse en sede judicial.

Los tribunales están para acudir a ellos cuando resulta necesario para hacer justicia o tutelar nuestros derechos, pero bajo ningún concepto pueden convertirse en la última instancia del debate político. Sin embargo, la sinrazón y el empecinamiento del Govern ha hecho, en los últimos tiempos, que colectivos de distinta índole, desde los sindicatos de docentes hasta particulares hayan debido acudir a ellos solicitando amparo para enmendar los posibles agravios recibidos.

La judicialización de la vida política siempre debe evitarse y mucho más si se trata de la acción de gobierno, porque constituye una anormalidad y un desequilibrio. Por si no bastaran los casos que se arrastran como consecuencia de la corrupción del pasado, ahora se acumulan nuevas causas de un Govern nada escrupuloso con la norma establecida. La inmensa mayoría de fallos dictados van en contra de un presidente que ha abusado de los recursos judiciales o ha dictado decretos para sortear a la Justicia. Y que ha creado tensiones con el Consell Consultiu y ha puesto a la Abogacía de la Comunidad en el linde de las valoraciones y dictámenes de interés privado. La situación impone una profunda rectificación y, en todo caso, exige que se vuelva al equilibrio normalizado de poderes públicos.