En la propuesta de traspaso de la promoción turística a los consells insulares presentada por el Govern balear han pesado más las prisas del PP para no acabar la legislatura con otro flagrante incumplimiento de su programa electoral que la conveniencia de ofrecer una competencia bien dotada económicamente y bien organizada funcionalmente. Según esta propuesta, Eivissa no recibirá hasta 2017 el dinero que ya necesitaría hoy para gestionarla, y la previsión para Formentera es que en esa fecha llegue a la isla solo la mitad de lo que venía recibiendo hasta el año 2010. No se contempla el traspaso de medios humanos y materiales de la Agencia de Turismo de Balears (ATB) o la dirección general de Turismo del Govern, que se mantienen intactas y no consta que vayan a adelgazar su estructura pese a que perderán gran parte de sus funciones. No es extraño, pues, que la propuesta haya sido criticada por el sector turístico y rechazada por toda la oposición e incluso por el PP de Formentera. El de Eivissa tampoco hubiera dado por buena una fórmula como esta si no procediera de su propio partido y no pesara tanto la necesidad cumplir un compromiso en el que otros se estrellaron.

Estamos ante una verdadera trampa saducea: aceptar sin cambios la propuesta del Govern supone asumir la competencia en unas condiciones muy desfavorables, y rechazarla por insuficiente -como ya ha planteado Formentera- significa desaprovechar una oportunidad que nadie sabe cuándo volverá a presentarse y que la responsabilidad de no gestionar la promoción pase a recaer sobre el Consell que la rechace y no sobre el Govern que la ha estado regateando hasta ahora.

No hay nada que justifique destinar solo 5,3 millones en 2015 a financiar la promoción turística transferida a los consells insulares. La ATB, el organismo del Govern que tiene como objeto principal «la promoción interior y exterior de la oferta turística», es decir, la función que se ha de traspasar, tiene en 2014 un presupuesto de 18,4 millones, de los cuales 2,5 son para gastos de personal y 8,5 para financiar las obras del Palacio de Congresos de Palma, una cantidad que tendría que imputarse exclusivamente a la promoción de Mallorca y que en cambio se detrae de los fondos de todas las islas en perjuicio de tres de ellas. Cabría por tanto incrementar la miserable dotación prevista para el próximo año y hacer una redistribución más justa y generosa de los recursos disponibles.

El Consell de Mallorca dijo desde el principio que tampoco quería esta competencia, igual que años atrás renunció a otras que son propias de los consells insulares (lo cual, dicho sea de paso, viene a confirmar que su isla sale más beneficiada con la gestión del Govern), pero al descolgarse introduce un elemento de distorsión en los traspasos y en la gestión residual del Ejecutivo balear que convendría evaluar y compensar mejor.

Según el Estatut de Balears, la promoción turística es una competencia propia de los consells insulares y por tanto han de poder ejercerla con plena autonomía; sin embargo, la propuesta del Govern invoca sus competencias genéricas de fomento del desarrollo económico y de coordinación general de la actividad económica en Balears para reservarse determinadas funciones y seguir interviniendo en cuestiones relativas a la promoción, en una relectura muy forzada del Estatut que limita de hecho la capacidad de actuación de los consells y refleja la intención del Govern de mantener un papel preponderante en muchas decisiones.

Para favorecer el acuerdo y facilitar las cosas, puede admitirse una transición escalonada hasta llegar al escenario definitivo, que debe quedar perfectamente concretado en la norma, pero hay argumentos de sobra y margen de negociación suficiente para lograr ya en 2015 una mayor financiación de la promoción turística y el traspaso del personal necesario para gestionarla. Sin esa mejora, las Pitiüses seguirán estando en inferioridad de condiciones y tendrán muy hipotecada su acción promocional durante los próximos años.