Evidentemente el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, no eligió a una abogada como Joana Maria Camps como consellera de Educación por sus conocimientos en la materia. La propia consellera admitió poco después de asumir el cargo que sabía de educación lo mismo que cualquier ciudadano. Su desempeño en el cargo ha venido demostrando que era eso o menos. Camps ha ido alimentando los incendios que se encontró y encendiendo otros nuevos a base de imposiciones y de ningunear a la comunidad educativa. Al servicio siempre y solo de los propósitos de su jefe. Lo que parece más llamativo es que, como jurista que es, tampoco le haya ido mucho mejor en este campo. La Justicia ha ido tumbando una tras otra todas sus iniciativas y las que recibió en herencia, como el decreto de aplicación del TIL o los servicios mínimos de las huelgas, y no solo no ha servido para que se echara atrás, sino para que diera un paso adelante en busca de un nuevo bofetón judicial. Después de que el TSJB anulara el martes el decreto del TIL aseguró que lo seguirá aplicando, eso sí, tras admitir que aún no había leído la sentencia, en un juego de malabarismo absurdo. La consellera dice que no piensa dimitir porque su misión es cumplir con los objetivos que le encomendó Bauzá y de él depende. Debería tener un poco más de iniciativa propia y marcharse. #IbizaDiuNo
