Hace tres semanas recibí una llamada de parte del presidente canario, Paulino Rivero. La atendí personalmente. Era su director general de Presidencia, que me solicitaba (o me invitaba) a que ejerciera de presentador en una conferencia que iba a realizar en el Club Diario de Ibiza sobre las prospecciones. Quedé en darle una respuesta en unos días.
Es de todos conocido que las prospecciones ya están autorizadas en Canarias, mientras que en Balears se ha obtenido el compromiso del presidente del Gobierno de no aprobarlas si se demuestra que pueden tener el más mínimo impacto ambiental, algo que hemos acreditado con alegaciones muy fundamentadas. Contamos con la unanimidad de todas las fuerzas políticas de Balears, un respaldo social sin precedentes y con la vigilancia de instituciones europeas y la Unesco.
Nuestra posición coincide con la del Gobierno Canario en el rechazo a las prospecciones, pero difiere en las formas (no podemos compartir algunas de las afirmaciones del presidente canario) y en el contexto (geográfico, social, medioambiental). No creemos en el discurso del «frente común» con Canarias, pero no por falta de solidaridad, sino porque nuestras situaciones de partida son muy distintas. Dado que hay argumentos que nos diferencian, consideré que no era conveniente para la isla asumir el rol de presentador en una conferencia donde no se podría explicar, en igualdad de condiciones, nuestra postura y lo que nos diferencia.
Así se le comunicó al gabinete del presidente canario, y a la vez se le invitó a un encuentro institucional en el Consell, dado que se le quería mostrar nuestra atención en nombre de Eivissa, y en respeto a la lucha que, cada uno con sus argumentos, está llevando adelante.
La respuesta de su gabinete (en ningún caso él se ha puesto en contacto directamente conmigo) fue negativa, y se nos comunicó cuando también se le estaba ofreciendo la posibilidad de contar con un vehículo oficial del Consell Insular para su traslado. ¿Alguien sigue pensando que hubo descortesía por nuestra parte?
Aclarado el aspecto institucional, mi obligación como presidente es defender los intereses de Eivissa. Y ello implica no dar un apoyo explícito o implícito a un discurso (el de que los casos de Balears y Canarias son idénticos) que en nada beneficia a nuestra isla y que podría perjudicarnos. Esta postura no debe confundirse para nada con un desaire o descortesía hacia el presidente autonómico canario, a quien respeto y deseo lo mejor para sus ciudadanos.
