En la entrevista con la consellera de Turismo de Ibiza, Carmen Ferrer, publicada por Diario de Ibiza el pasado domingo, ante la pregunta de si debería ponerse un límite a la llegada de turistas a la isla, su respuesta era: «No lo sé. No es un tema que haya planteado ningún sector. En este momento ni sindicatos ni patronal plantean esto». Una forma evasiva de no comprometerse, como hacen a menudo los responsables políticos, cuyo lenguaje ambiguo les distancia de la ciudadanía. Los cargos públicos no pueden limitarse a ejercer de árbitros entre las partes mientras dejan que los acontecimientos fluyan a su aire, a conveniencia de los menos escrupulosos o de los más poderosos económicamente. Se supone que han de tener una idea de la isla que quieren y actuar en consecuencia para avanzar hacia ese objetivo, con una noción clara de los límites y de las líneas infranqueables. El turismo es la columna vertebral de nuestra economía y por eso resulta más importante que existan criterios bien definidos, más allá de los elementales propósitos de diversificar los mercados y prolongar la temporada por sus extremos. Tan legítimo es defender que el territorio de la isla, sus infraestructuras y sus servicios pueden resistir aún mayor carga que la que ya soportan en agosto como sostener que está al límite y no cabe nadie más, pero cada una de esas opciones requiere actuaciones bien distintas. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué opinan al respecto quienes han de tomar las decisiones y cuál es su modelo. Están obligados a definirse. Así podríamos saber todos a qué atenernos y juzgar la coherencia de sus actos.
