La selectiva divulgación de mensajes de móvil que ha acabado de dinamitar el gobierno municipal de Vila y ha puesto de manifiesto la incapacidad del PP para hacer gobernable el Consistorio en lo que queda de mandato, tenía entre sus propósitos más evidentes una intención revisionista del escándalo de la publicidad institucional que costó la alcaldía a Marienna Sánchez-Jáuregui. Sin embargo, mostrar los diálogos tabernarios que mantenían sus entonces compañeros de grupo para obligarla a asumir su responsabilidad política y dimitir, o evocar de nuevo las maniobras que urdieron para acorralarla, puede abochornar a los conspiradores, pero no exculpa a la exalcaldesa de los apaños ilegales que había pactado bajo mano y en los que comprometió decenas de miles de euros de fondos públicos. No fue un simple «error administrativo», como los involucrados sostienen obviando todas las evidencias documentales. Si solo hubiera sido eso, hoy no habría una causa penal abierta en los juzgados ni se estaría investigando un presunto delito de prevaricación a raíz de la denuncia presentada de oficio por la Fiscalía. Las irregularidades administrativas no fueron sino la consecuencia de unas decisiones políticas previas fraudulentas e inaceptables. En todo caso, bienvenida sea esa obsesión revisionista porque tal vez contribuya a aclarar las innumerables presiones efectuadas por los implicados para dar carpetazo a la comisión de investigación y dejar en nada sus conclusiones. Ya están tardando en ir al juzgado.
