Para que Ibiza salga en el Telediario tienen que incendiarse los bosques de es Cubells o arrojarse por el balcón media docena de turistas. El jueves pasado fuimos noticia a escala nacional porque el Govern balear, ese mismo que se niega a impedir la construcción de beach clubs en islotes protegidos, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de inspecciones a las embarcaciones que pululan por nuestra costa y se dedican al negocio de las party boats.
Capitanía Marítima abordará de manera aleatoria estas lanchas y catamaranes para comprobar que no se incumple el aforo máximo permitido y la Guardia Civil hará lo propio cuando haya quejas por ruido o suciedad.
La pieza informativa continuaba diciendo que la campaña de vigilancia afectaba sobre todo a Ibiza y Formentera y se iniciaba a raíz de las denuncias vecinales y de las salas de fiestas, que consideran a los party boats «competencia desleal». A los vecinos no nos hacen caso en la puñetera vida, y menos desde Mallorca. Por tanto, no hay que ser Aristóteles para deducir que el largo tentáculo del lobby discotequero pitiuso ha vuelto a llevarse el gato al agua, logrando el impulso de esta campaña de control de las fiestas en los barcos, cuya competencia, desde el punto de vista de la estricta legalidad, no es desleal, pero es competencia al fin y al cabo.
Habrá que asumir la contradicción de que el Govern balear ahora nos venga con estas. En cualquier caso, controlar los desmadres marinos, cuando se produzcan, es necesario. No se puede agobiar con el estruendo de algunos party boats al resto del mundo, para que hagan negocio unos pocos. Especialmente cuando cuentan con la ventaja de la movilidad y, por tanto, pueden adentrarse en el mar sin molestar a nadie. Las autoridades, asimismo, deben mostrarse igualmente implacables, cuando estas fiestas se desarrollen en embarcaciones de particulares, tal y como ocurrió hace unos días frente a la costa de Vila.
Eso sí, puestos a iniciar campañas de inspecciones, que sean para todos. Los vecinos de Platja d´en Bossa, por ejemplo, están hasta el moño de soportar y denunciar el chunda-chunda diario de discotecas y beach clubs y nadie les hace caso.
Encima, abren el periódico y tienen que desayunarse con entrevistas a los empresarios que más malestar generan, en las que presumen de negocios silenciosos. Igual sucede cuando planeamos un día de playa en familia y tenemos que soportar la música del beach club de turno a todo volumen en cada metro de la orilla. Basta con ir, por ejemplo, a Cala Bassa para comprobarlo, o a es Jondal, donde el musical que produce a diario el Blue Marlin resulta tan insólito como infernal. Lo mismo podemos afirmar sobre las continuas molestias provocadas por el resto de macrodiscotecas de la isla o de la que se avecina con proyectos aún en ciernes, como el de s´Argamassa. Todo ello con la permisividad de las autoridades, cuyo índice de denuncias es tan bajo que roza el absurdo.
Hace ya algunos años que no voy a discotecas, pero lo habitual siempre ha sido encontrarse a un buen número de agentes de la ley, fuera de servicio, tomando copas a cuenta de la casa y alguno de ellos incluso en nómina, integrado en el equipo de seguridad. Son esos mismos guardias y policías quienes deberían velar por el cumplimiento de los aforos y los horarios, sistemáticamente infringidos, además de impedir que se sobrepasen los límites en el nivel de ruido, evitar el tráfico y consumo masivo de drogas y montar controles de alcoholemia en los accesos, tal y como vienen haciendo últimamente en las fiestas de los pueblos.
Tienen razón las discotecas y beach clubs -ahora, por cierto, van de la mano en una misma asociación tras años de enfrentamientos-, en exigir controles para los party boats, pero a ellos hay que aplicarles la misma medicina. Y con otros sectores, exactamente igual. ¿Qué es esto de que haya playas con tantas hamacas que ya no hay sitio para colocar la toalla? O los incumplimientos son flagrantes y nadie los controla o a los ayuntamientos se les ha ido la mano de forma espectacular con el número y tamaño de las concesiones. Lo que ha quedado claro es que tenemos mucho que aprender del lobby de las discotecas ibicencas. Ellos, a diferencia de nuestros representantes políticos, sí consiguen que en Mallorca les hagan caso.
