El curso volverá a comenzar tras las vacaciones con una jornada de paro en la enseñanza, esta vez en solidaridad con el director del instituto de Marratxí al que ha expedientado la conselleria después de que unos padres denunciaran que durante las tres semanas de huelga el centro no avanzó materia. La conselleria considera que el director «conculcó el derecho a la educación», pero lo extraño es que solo haya tomado esta medida en un caso, puesto que durante la huelga la actividad académica prácticamente quedó paralizada en los centros, ya que muchos profesores que iban a trabajar no impartían clase. También es verdad que las quejas de los padres por este hecho rara vez se trasladaron a la inspección, quizás porque algunos no quisieron enturbiar aún más el ambiente crispado de colegios e institutos y optaron por armarse de paciencia y tragarse su malestar. La medida contra un director puntual es por tanto un aviso a navegantes: la conselleria, afianzada en su posición de fuerza, advierte de que ciertos actos pueden tener consecuencias graves. La movilización de los docentes parece desnortada: las tres semanas de huelga indefinida no dieron ningún resultado práctico; sus representantes no supieron rentabilizar semejante movilización, inédita en las islas, y su estrategia se ha diluido en la improvisación, teñida de una retórica hueca más propia de movimientos callejeros juveniles que de un colectivo profesional que tiene en sus manos la formación de niños y adolescentes. Es momento de que docentes y asociaciones de padres que respaldan la huelga sin reservas reflexionen y decidan si sirve de algo someter a las aulas a una inestabilidad continua de paros intermitentes o si ha llegado el momento de buscar otro camino contra los desmanes pedagógicos de la conselleria que no perjudique tanto a los alumnos.