La comunidad docente no deja de vivir días convulsos. Con el conflicto sobre el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) todavía abierto, los profesores de Balears se sumaron mayoritariamente a las protestas convocadas en toda España en contra de la llamada ley Wert, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que ha vuelto a destapar la caja de los truenos en los claustros de enseñantes y ha ocasionado un fuerte debate social. La huelga contra la Lomce volvió a vaciar las aulas de las islas con un seguimiento que los sindicatos cifraron en el 76% del profesorado y una ausencia del alumnado del 85%. El Govern rebajó la participación en la protesta hasta el 26% pero la verdad es que, a estas alturas, con todo lo que se viene arrastrando desde que empezó el calendario lectivo del curso 2013-2014, las guerras de cifras ya importan poco. Con ser importantes, pasan a un segundo plano.

El seguimiento que han tenido las huelgas en un sector tan sensible y esencial como el de la Educación ha sido indudable, pero en el horizonte inmediato no se avistan tiempos sosegados. De hecho, pocas horas después de la protesta contra la Lomce se anunciaban ya para las próximas semanas nuevos paros intermitentes en Balears por el TIL y las demás reivindicaciones del profesorado de las islas. Las negociaciones con el Govern se encuentran, en la práctica, bloqueadas, sin vías de salida efectivas.

Ante esta situación, por encima de planteamientos profesionales, criterios de práctica docente o postulados ideológicos, no queda más remedio que hacer una seria llamada al sentido de la responsabilidad de las partes y exigirles autocrítica suficiente, altura de miras y capacidad de renuncia, para desatascar, de una vez por todas, el doble conflicto que lesiona el sistema educativo de Balears.

Hay que hacerlo primando, antes que cualquier otra cosa, los intereses objetivos de un alumnado que se encuentra en medio de la batalla entre la cuestionada Administración y la exigente comunidad educativa. Tampoco se puede olvidar que tan peculiar situación se produce en un archipiélago abocado, a día de hoy, a un escandaloso índice de fracaso escolar o en una comunidad autónoma sujeta al monocultivo turístico y todavía presa de la crisis económica. En consecuencia, constituye toda una temeridad obstaculizar el sistema educativo como herramienta de desarrollo humano y profesional de sus usuarios. Resulta inaplazable el trabajo en beneficio y estímulo directo de los escolares.

Es cierto que el deterioro del sistema educativo ha instalado una corrosiva falta de respeto hacia el profesorado, que la lista de carencias y faltas de medios de la que adolecen los colegios sería larga, que el TIL se impone a velocidad de accidente y que el cambio de una ley general de Educación cada vez que muda el signo político del Gobierno, despista al más centrado. Hay que corregir todos estos desfases, sin duda alguna, pero, mientras tanto, se impone la protección y el trabajo inmediato y directo en beneficio del alumno de las enseñanzas regladas. Porque su ciclo vital es único y no le ofrecerá más oportunidades y porque la actual coyuntura también lo reclama así.