Si después de ver a esos miles de profesores, padres y alumnos con sus camisetas verdes gritando que no aceptan sin más las cosas como tú las haces tu comentario es «el curso ha empezado con normalidad, salvo por la huelga», tienes un problema: vives en una realidad paralela. Con el consiguiente peligro, sobre todo para el prójimo, si te desempeñas como consellera de Educación aquí, en Balears, no en Palestina ni en Afganistán, ni en cualquier otro lugar en guerra del planeta. Ha creado escuela ese gran frontón llamado Mariano Rajoy, y su «todo lo que se ha publicado es falso, salvo alguna cosa», con el que trató de zanjar el incipiente caso Bárcenas, con el éxito que hoy conocemos. No sé si en dicha escuela de dialéctica de Joana Maria Camps y su presidente nacional se hablan tres idiomas o solo uno, pero se les da bien el lugar común, el eufemismo y la perífrasis hacia ninguna parte. Ya me estoy imaginando el horror de los profesores obligados a manifestarse ante los lugares donde peor expresión oral se gasta en esta comunidad: el Consolat de Mar y el Parlament. Cuidado, que todo se pega menos los sueldazos. Por mucho que a nuestros próceres las matemáticas se les den peor aún que las lenguas, a las puertas de la cómoda mayoría absoluta conservadora está gritando demasiada gente. Miles. Se puede gobernar con una nutrida disidencia, lo hacen en China, pero no es plan. En democracia se suele atender a la calle. Cuestión de buena educación.

Cada curso, un colectivo esencial de uñas. El año pasado eran los médicos, este la comunidad docente, a la espera de que el próximo se disfrute de paz social por la cercanía de las elecciones. Tras un verano entero disponible para negociar y acercar posiciones, llega septiembre y la sociedad civil afectada se levanta con furia. «No daremos marcha atrás, nunca, nunca por la fuerza», dice melodramática Camps en el Parlament. Hombre, hablar de fuerza ante un paro de familias y maestros resulta un poco sobreactuado. Cabe recordarle a la bisoña titular del departamento que los descontentos ya emprendieron otra vía y acudieron a los tribunales, que les han dado la razón. El Tribunal Superior de Justicia sentenció que el sistema educativo pergeñado por José Ramón Bauzá es un churro apresurado manifiestamente mejorable. Esta opinión también se la ha pasado el Ejecutivo autónomo por el arco del triunfo y ha preferido imponer sus ideas con un decreto ley. Y entonces, ¿qué espera el Govern, una sumisión popular a lo Corea del Norte?

El decreto de lenguas en la escuela ha unido a tal cantidad de entidades antagónicas que lo lógico parecería buscar un acuerdo para hacerlo más digerible. Repensar. Replantear. Incluso si la enseñanza pública no está entre sus prioridades deberían calcularse los riesgos de jugarse el futuro con unos cimientos baratos. Es imposible que su propuesta educativa, que no gusta ni en el mismo PP porque se ha confeccionado para que la aplaudan desde Madrid, salga bien con tantos implicados en contra. «Mi dimisión la pedirá el presidente. Lo demás son gritos sin importancia», concluyó la consellera en respuesta a la marea verde. Déjese usted en paz, señora, que aquí no estamos tratando de su endeble carrera política, sino de algo mucho más trascendente: el respeto por la lengua y la cultura, la educación de las generaciones que vienen y el rechazo a las imposiciones sin derecho a réplica.