Extrañamente, Jaume Matas no convocó ayer una rueda de prensa en su lugar de vacaciones para comentar la condena a 16 años de cárcel a Josep Juan Cardona. El líder del PP ibicenco ejerció de fiel conseller del ministro de Aznar, durante sus siete años en dos ciclos como titular del Govern. Entre zambullida y chapuzón, Matas podría aclarar cómo germinó en el seno de su ejecutivo una "asociación ilícita" -término jurídico que la plebe asocia a la mafia y Joaquín Leguina a la "asociación de malhechores de UM"-, que se apoderó de millones de euros amén de involucrar a decenas de personas en su frenesí corrupto.

¿Nadie avisó a Matas de que Kurt Viaene y Antònia Ordinas presentaban facturas en los hoteles Le Meridien o Trump Plaza a dos mil euros la noche, por encima de los 400 miserables euros que el propio president y sus expedicionarios al prostíbulo Rasputín gastaban en el carísimo hotel Kempinski moscovita? Las humildes latas de Cola Cao, donde Antònia Ordinas y su esposa Isabel Rosselló habían enterrado 200 mil euros, no deben despistar del sibaritismo imperante en la corrupción del Govern Matas.

La Audiencia de Palma ha dictado otra sentencia histórica contra la corrupción. Los 640 folios le otorgan el rango adicional de hercúlea. La Sala Garzón del Supremo tendrá que emplearse a fondo para desactivar un nuevo capítulo en la corrupción de sus patrocinados de PP/PSOE. El tribunal palmesano de las tres "Ilustrísimas señoras magistradas", un guiño adicional a la cambiante realidad judicial, rescata con coraje y exhaustividad el delito de prevaricación.

La sentencia se apoya en una instrucción sin cabos sueltos y en la labor de la fiscalía anticorrupción que logró hasta 16 confesiones de los procesados, todos los involucrados excepto Cardona. El conseller que se preguntaba hamletiano a raíz de Operación Mapau "si es peor pasar por cabrón o por gilipollas", se ha topado con una tercera opción. En el reino de la corrupción del Govern Matas, se puede ser cabrón y gilipollas simultáneamente.

Habrá que abandonar al menos en una ocasión las siglas de CDEIB, para detallar que el núcleo del saqueo recibía la irónica denominación de Consorcio para el Desarrollo Económico de Balears, y no de una parte ínfima de sus habitantes. La sentencia confirma la corrupción de mayores y a gran Scala -un homenaje a la soprano Isabel Rosselló- en el seno del PP, obligado a pagar el traslado de material electoral "como responsable civil a título lucrativo". Bauzá dijo hace una semana en Madrid que Bárcenas carecía de vínculos con el PP balear. En efecto, la sección local disponía de manipuladores de dinero negro cuyas mañas hubieran sonrojado al tesorero estatal del partido.

Mientras prosperaba el gigantesco saqueo en la conselleria de Industria, su titular estaba imputado en Mapau. Como de costumbre, Matas intentaba descargarle las culpas, por lo que tanto Cardona como Antoni Pastor buscaron abogados al margen del PP. Cabe suponer una condescendencia particular del president hacia su conseller favorito, porque se necesita mucha sangre fría o la garantía de impunidad para embarcarse en un caso de corrupción mientras se padece investigación por otro.

Al decantar la intensa labor judicial de estas semanas, precipita la corrupción generalizada en el Govern Matas. La condena del Supremo determina la catadura del president del ejecutivo. El magistrado discrepante de su tribunal aseguraba sin ambages que su vicepresidenta Rosa Estarás es la autora de un delito de prevaricación. El incombustible Cardona arrastra una condena de 16 años, récord en España dentro de las de su especie. No existe ni una conselleria que no contara la corrupción entre sus actividades preeminentes.

El panorama que transmite el ejecutivo balear entre 2003 y 2007 se consolida en operación Scala. Cuando una funcionaria declaró en calidad de testigo que todos los procedimientos a trámite estaban viciados, no perfilaba la conducta vigente en la conselleria de Industria, sino en el conjunto del Govern Matas. El president se refugia hoy en un asombro sospechoso, pero en aquellos años hubiera desmentido a quien propusiera que no controlaba sus departamentos autonómicos hasta el mínimo pliegue. Los supervivientes en activo del conglomerado corrupto -Mabel Cabrer, Jaume Font- deben una explicación más allá del tópico de que "también se llevaron a cabo proyectos positivos".

Problema de economía matemática: Si una estructura compacta llamada Govern permite que una de sus extremidades robe millones de euros, a cuánto asciende la actividad corrupta desarrollada por el conjunto. Según declaró Ordinas en el juicio, "perdone, señor fiscal, no era el funcionamiento del CDEIB, era el funcionamiento sistémico de la Comunidad". Y quién se atrevería a desmentirla, en su balance epidémico de la corrupción a tiempo completo del Govern que amañaba todos los contratos investigados hasta la fecha.

Imaginen la estupefacción colectiva si alguien hubiera escrito en 2006, fecha del apogeo de los hechos juzgados, que la mitad de quienes se sentaban en el Consell de Govern podían acabar en la cárcel. La condena colectiva queda fuera de la órbita penal, porque más vale absolver a cien Matas que condenar a un inocente. En cambio, la descalificación global es políticamente ineludible, según se demostrará cuando se disipe la espesa niebla judicial.

Con perdón por la obviedad, no hay pobres entre los sucesivos condenados. Qué necesidad tenían de corromperse, vivían como reyes gracias a las prebendas legales que concede su cargo. Vuelos gratis, salas VIPs, coches oficiales, mejoras vitalicias de sueldo, contactos privilegiados para el futuro profesional. Tampoco se consideran tontos, salvo la excepcional disyuntiva de Cardona. Y nadie puede negarles una dedicación encomiable al saqueo. Según comentaba un constructor interceptado en las cintas del caso Andratx, "hace un mes que no tengo relaciones sexuales, de tanto que trabajamos". Su abnegación recuerda un titular satírico de la revista The Onion, "Policía infiltrado descubre que el narcotráfico es un trabajo duro".

La Audiencia ha restaurado la confianza de los ciudadanos en la justicia, pero el documento más estremecedor del caso Scala es la confesión de Kurt Viaene, que debería figurar en los programas educativos que tanto preocupan al PP. Y tal vez, transmitir su energía disuasora.