El caso del complejo turístico Can Lola es ejemplar. Para las clases de Derecho y Criminología, quiero decir. Ejemplar porque muestra hasta qué punto de permisividad, y por tanto de corrupción, está llegando Ibiza. Hasta hace poco, cuando me preguntaban cuál era el delito que probablemente más se cometía en las Pitiusas, yo aún contestaba que el tráfico de drogas. Sin embargo, si me lo preguntan hoy, creo que he cambiado de parecer; no tengo muy claro si el tipo delictivo a todas luces más frecuente en las islas es el tráfico de drogas o lo es la (presunta) prevaricación.

En el caso concreto de Can Lola, lo cierto es que algo sí ha hecho el Ayuntamiento, que hasta ha dictado una orden de demolición y se lo ha comunicado a la empresa, así que todos nos preguntamos cómo es posible que no haya sido capaz de detener tan evidente ilegalidad oficialmente declarada. ¿Tenemos que concluir que no hay intención real de hacerlo? ¿Por qué el GEN ha tenido que intervenir y denunciar que se seguía construyendo algo que se reconocía ilegal? Y es que encima la ilegalidad se comete en Sant Josep y a uno se le hace aún más sospechoso de lo que sería natural, que tal Consistorio no tiene, que digamos, una carta de penales muy limpia. Es un hecho objetivo.

Can Lola es una finca en suelo rústico construida de forma ilegal y con fines turísticos, cerca de sa Caleta. Y ha sido precintada, sí, pero la propietaria ha destruido una y otra vez los precintos de Guardia Civil y Policía Local ¿Por qué no ha sido detenida de nuevo, esta vez por la desobediencia? Detenida de nuevo, digo, porque esta mujer ya fue arrestada el pasado 19 de febrero, cuando la unidad contra las redes de la inmigración ilegal del Cuerpo Nacional de Policía acompañó al lugar a varios funcionarios de Inspección de Trabajo y descubrió que allí trabajaban ilegalmente dos paraguayos sin papeles. Paquita, la propietaria en cuestión, fue citada, detenida y reseñada en la comisaría, a pesar de las protestas de su abogado, que debía creer que si la mujer se había entregado voluntariamente no habría que reseñarla como a cualquier otro detenido. Como a uno más. Las diferencias de clases a veces no llegan tan lejos como algunos pretenden creer; seguro que Bárcenas y Blesa también han sido reseñados. Paquita quedó en libertad con cargos por un delito contra los derechos de los trabajadores y las diligencias fueron trasladadas al juzgado.

Can Lola sigue funcionando sin que ninguna institución, ni Ayuntamiento ni Consell, tome las riendas de la situación, y a nuestros responsables políticos s0lo les queda ya decir aquello tan socorrido de ´el asunto está en los juzgados´, como si ello les impidiera hacer su trabajo. ¿Saben nuestros concejales y demás responsables públicos competentes que la prevaricación también puede cometerse por omisión? ¿Y saben que, al menos, podrían solicitar, con la venia del juzgado, que las webs que promocionan el hospedaje en Can Lola eliminaran su publicidad? El caso es que Can Lola sigue ahí. Y yo ya no sé si es incompetencia, corrupción o la simple fuerza de la costumbre, la verdad, pero ninguna de las respuestas consuela nada.