Que el Ayuntamiento de Sant Antoni pague a sus proveedores con una media de 162 días, muy por encima de los 35 que marca la ley. Como ocurre con la mayoría de las administraciones, los índices de morosidad superan los de cualquier particular y ponen en grave riesgo a numerosas pequeñas empresas, incapaces de soportar estas deudas durante tanto tiempo. El Consistorio tiene aún pendientes de pago facturas por valor de algo más de un millón de euros.
Que tanto la propiedad del establecimiento turístico de Can Lola, en Sant Josep, como Meliá Hoteles, la compañía que construye el Nikki Beach en Santa Eulària, sigan con las obras a pesar de no contar con las licencias preceptivas. La laxitud en la aplicación de la legalidad vigente por parte de los consistorios de la isla -Sant Josep y Santa Eulària en este caso- y la poca celeridad de fiscales y jueces cuando se les requiere, son terreno abonado para que cualquier empresario se atreva a desafiar la normativa y edificar sin permiso y sin que le pase nada.
El gran número de accidentes de tráfico con conductores ebrios implicados que se están produciendo en los últimos días en las Pitiüses. Y aún no ha empezado el verano.
