Hace algo más de un mes, la Audiencia Provincial interpretó que las escuchas telefónicas en el caso de la operación contra la Camorra en Eivissa (Operación Dragone) eran ilegales. Ahora, la Audiencia Provincial echa por tierra otra de las grandes operaciones antidroga llevadas a cabo en las islas en los últimos años y absuelve a la mayoría de los acusados de la Operación Kabul, a la Paca y sus compinches, por entender también que no había datos suficientes para intervenir los teléfonos de los sospechosos. Curioso que se hable de falta de indicios cuando el resultado fue el decomiso de once kilos y medio de cocaína, catorce y medio de heroína, cuatro kilos de resina de hachís y cantidades de dinero, bienes y coches que no se explican en manos de personas que, en su mayor parte, no tenían trabajo legal conocido. Y estamos hablando de una investigación que tenía como epicentro el poblado de Son Banya, lo que ya debería ser un elemento indiciario de peso.
Un sistema tan garantista que da una importancia desmesurada a la inviolabilidad de las comunicaciones frente a la gravedad de los delitos que se investigan sólo puede beneficiar a los delincuentes. De hecho, eso es lo que está pasando. Y, a este paso, lo que se va a conseguir es que los jueces instructores se acobarden a la hora de autorizar intervenciones telefónicas, no vaya a ser que luego les enmienden la plana, y que los equipos de investigación se rindan a la evidencia de que la Justicia no está de su parte y se lo piensen mejor antes de dedicar la vida a complejas operaciones como fue Kabul. O como fue Dragone.
Y es una simple cuestión interpretativa, es decir que el tribunal considera nulas las investigaciones de la misma manera que podría considerar lo contrario. Se habla en la sentencia -186 folios- de falta de indicios, falta de proporcionalidad, insuficiente motivación... Y se menosprecia el papel que la información de los confidentes puede tener en el inicio de una investigación. Empezó por una confidencia y, antes de pedir el primer 'pinchazo', se realizaron seguimientos y vigilancias que para la Audiencia no han sido suficientes. Tampoco han sido suficientes los antecedentes (policiales o judiciales) ni se han tenido en cuenta los escasos medios humanos de los que dispone el grupo, limitación a la que el propio teniente del EDOA hizo referencia durante el juicio, el gran macrojuicio contra la droga en Balears que ha acabado en un chasco. No valen los indicios ni los confidentes ni los seguimientos ni que fuera Son Banya ¿los jueces no habían oído hablar de Son Banya? ¿Pueden sustraerse al conocimiento de su idiosincrasia, esté o no esté en los oficios?
Lo que otros llamarían indicios, los jueces lo llaman suposiciones y conjeturas. Incluso se cita en la sentencia, sorprendentemente, que si bien es cierto que no consta que los procesados (casi todos) lleven a cabo actividad laboral lícita, «tampoco es que el hecho de no estar dado de alta en la Seguridad Social ofrezca la certeza de que no existe dicha actividad laboral, sólo indica que no están dadas de alta». Bien, parece cachondeo, pero los jueces se han cargado de un plumazo algo que hasta ahora era visto como indicio más que razonable hasta por el tonto del pueblo.
Y hay más, porque si nos descuidamos encima tendremos que indemnizar a muchos de los procesados por el tiempo pasado en prisión. Y a este paso, un día hasta tendremos que devolver la droga a los pobres desgraciados a los que la Justicia ha violado sus sagradas comunicaciones. Y pedirles perdón.
La Audiencia pide demasiado. Pide investigaciones perfectas, con detalles y gestiones perfectamente enlazados, pero al final parece que nos olvidamos de que los delincuentes no juegan con las mismas reglas y que, por tanto, si reducimos aún más los márgenes en los que los agentes se pueden mover y que los jueces pueden interpretar, habremos perdido definitivamente la lucha contra la criminalidad. ¿De parte de quién estamos? Yo lo tengo claro, hoy estoy con los agentes del EDOA, que luchan tan a contracorriente que incluso lo hacen contra la forma de aplicar justicia.
