Todas las causas por las que la Audiencia condena a María Antonia Munar y los suyos giran en torno al delito de proponerse controlar la información de una televisión pública para difundir los intereses de Unió Mallorquina. Se confabularon para pervertir lo que UM y todos los partidos alegan hipócritamente en defensa de que haya TV pública: que el contribuyente la costee para recibir información objetiva, neutral y ajena a intereses políticos.

La realidad nunca ha sido esa y la TV pública sirve al autobombo del poder y emite con el color del gobierno que la tutela desde que Franco la concibió. Ningún partido renuncia a su control y todos toman una medida inmediata al llegar al poder: cambiar gerentes que otros nombraron por afinidad ideológica por gerentes cuyo mérito principal es su vinculación al partido ganador. Lo único que distingue el caso de UM de otros partidos es que a UM no se le conoce otra afinidad ideológica que la pecuniaria y que los pillaron con las manos en la masa en el caso Video U.

Las incontables televisiones públicas son hoy la prueba más visible del doble juego de los poderes públicos en sus soluciones a la crisis económica. Mientras dice el ministro Montoro que no hay dinero para pagar los servicios públicos, seguimos pagando el déficit de TVE y la RTVV de nuestros vecinos valencianos presenta un ERE sobre 1.295 empleados para quedarse solo con 400. Aún así gastarán en personal 18 millones de euros en 2013, de los 74 millones que costaron en 2011. Un despilfarro de medios públicos multiplicado por el número de comunidades autónomas, ayuntamientos y los que ven el modo de influir con una tele para que interpretemos la realidad a su conveniencia.

Pilar Costa, la que ve indigno bajar el sueldo a los políticos, tiró todo el dinero que le dejaron tirar, ya en plena crisis económica, para crear una TV pública del Consell de Ibiza, cuyo aborto evitó ruinas mayores.

Todos los partidos denuncian desde la oposición el uso sectario de la TV, mostrando así su conciencia de la eficacia e inmoralidad del asunto y su cinismo al denunciar lo que hacen desde el poder. Munar, con sus fechorías, nos hace el impagable servicio de poner en evidencia la inclinación general de la clase política a manipular unos medios audiovisuales pagados por todos, sin duda alguna prescindibles y millonariamente deficitarios. La deplorable calidad y chabacanería de esas TV no debe engañar: ellos saben, con Goebbels y todos los departamentos de agitación y propaganda, que la misión de la propaganda no es parecer inteligente sino ser eficaz. Es simbólico que el fondo de la primera sentencia condenatoria de UM sea la pretensión de un partido político de embaucarnos para permanecer en el poder. Lo que malversan es, antes que el erario, la confianza, la fiabilidad y la buena fe que se supone al político. En beneficio de la moral y de la economía sobran las TV públicas y sus manipuladores.