Por si la sanidad pública de Balears no anduviera ya suficientemente agobiada por las reducciones salariales, los recortes de personal y los hachazos en su presupuesto, el Govern ha puesto en pie de guerra a los médicos al reclamarles unos complementos salariales pagados, supuestamente de forma indebida, desde 2008. La profunda indignación de los afectados ha cristalizado en la convocatoria de una huelga indefinida para julio. Me pregunto qué necesidad había de crear tanto alboroto si a los pocos días la consellera de Salud reconocía que está de acuerdo con esos pluses y que hará lo posible para mantenerlos y que no haga falta devolverlos. Durante cuatro años se han presupuestado y pagado sin reparos de la Intervención y sin que ningún departamento de control ni órgano fiscalizador detectara irregularidad alguna. Si así ha venido haciéndose sin el menor inconveniente, ¿era necesario plantear ahora la supresión de los pluses de las nóminas y la devolución de lo ya cobrado como una obligación apremiante, inaplazable, aun a costa de sublevar a los médicos y poner en riesgo un servicio público esencial? Ante la amenaza de huelga, el Govern encontrará sin dificultad la manera de dejar las cosas como estaban, pero ¿no podría haberlo hecho antes de sembrar la alarma? Convertir un mero embrollo de procedimiento en un grave conflicto laboral y político denota, en cualquier caso, una torpeza extraordinaria, una pésima gestión.