Por si el cierre de Spanair no hubiera originado ya bastantes problemas a los residentes en las Pitiusas, ahora hemos de padecer el atraco de las demás aerolíneas con sus desvergonzadas subidas de precios. Parece como si la normativa comunitaria que impide a los gobiernos interferir en la sacrosanta libertad de mercado diera carta blanca a las compañías para aprovecharse de nuestro aislamiento y de nuestras necesidades de desplazamiento. Unas autoridades pusilánimes y sin iniciativa para acabar de una vez con esta situación de desamparo completan la estampa, verdaderamente irritante.
Basta una simple consulta a las páginas web de las aerolíneas para comprobar los atropellos que perpetran, especialmente los fines de semana, cuando la oferta disponible se reduce aún más porque Air Europa no vuela con Ibiza. Las demás compañías –¡de bajo coste!– aplican tarifas de verdadero escándalo, en las que un trayecto de ida y vuelta a Madrid puede salir por 365 euros para los residentes, o por 250 si el viaje es a Barcelona. Incluso la que más presume de tirar los precios ofrece un Ibiza-Barcelona a 116 euros y un Barcelona-Ibiza (en lunes) por 198, aplicado ya el descuento del 50% y siempre sin facturar maletas. La asociación de agencias de viajes de Balears cifra el incremento medio que han sufrido los precios desde el colapso de Spanair en un 70%.
Ahora más que nunca, las Pitiusas y Menorca son víctimas de un abuso de posición dominante por parte de las aerolíneas, que exprimen el mercado insular imponiendo unas condiciones aberrantes sin que nadie les tosa. Y si esta situación es grave para los residentes, forzados a pasar por el aro de las compañías porque no tienen otra alternativa, resulta completamente disuasoria para los demás viajeros. ¿Quién querrá pasar unos días en Ibiza en esta época del año con trayectos de ida y vuelta desde Madrid que llegan a superar los 700 euros? Pero el Govern y la Mesa de Transporte Aéreo de Balears se limitan a pedir al Ministerio de Fomento que haga «un estudio para comprobar si se ha producido el aumento de tarifas», aunque el propio director general de Puertos y Aeropuertos del Govern confiesa que el billete para ir a Madrid a entrevistarse con la secretaria general de Transportes y el director general de Aviación Civil le había costado más de 300 euros, y eso que Mallorca dispone de muchos más vuelos que las islas menores.
De las compañías aéreas no hay que esperar comprensión ni mesura; como todas las empresas privadas, actúan según su propia conveniencia y se aprovechan de las circunstancias para maximizar sus beneficios. Pero se supone que las instituciones públicas están para defender los intereses de la población, para corregir situaciones como las de estos días: conexiones aéreas insuficientes, frecuencias inadecuadas y un carísimo peaje adicional impuesto por unas aerolíneas envalentonadas porque enfrente tienen a unos políticos timoratos que se lo consienten y no emplean ninguno de los resortes legales de la Administración para hacer valer su autoridad y ponerlas en vereda. ¿Estarán a la altura alguna vez?