Los afectados por el deslinde de Costas de Formentera coleccionan promesas incumplidas de los ministros de todos los colores que han pasado por la isla en los últimos lustros. Todos se comprometieron a resolver los efectos injustos de la aplicación de la Ley de Costas de 1988 en un territorio insular tan reducido, pero ninguno fue capaz de hacerlo. Con la ley en la mano, nadie podía hacer un traje a medida para Formentera, y cualquier cambio en la norma hubiera tenido repercusiones en el litoral de todo el país. De ahí que tantos ministros empeñaran en vano su palabra. Ahora el Gobierno de Rajoy prepara una «profunda reforma» de la ley, que nació con un enorme consenso político y ha permitido mantener intacta la mayor parte del litoral que no había sucumbido antes a las acometidas urbanizadoras; según el ministro Arias Cañete esta modificación permitirá «revalorizar económicamente» zonas ya degradadas mediante la «desafectación de espacios de dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales». Puede que, ahora sí, los afectados por el deslinde de Formentera vean al fin un horizonte de solución a sus reivindicaciones, pero esa declarada intención de entregar más tramos de costa a la especulación provocará un perjuicio mayor que los que resuelva la reforma.