Sin más dinero no habrá más vuelos

El cierre de Spanair no ha hecho más que acentuar el problema, que ya era muy grave antes, de las insuficientes y caras conexiones aéreas de Eivissa y Menorca. Todos los responsables políticos de nuestras islas han puesto el grito en el cielo y han comenzado a agitar nuestras justas (y antiguas) reivindicaciones, aunque no se mostraban tan combativos hace solo unos días. Hay asuntos en los que pierden el fuelle rápidamente y se vuelven acomodadizos. Ahora reaccionan arrastrados por los acontecimientos, pero sin una estrategia clara ni un objetivo común, como demuestran las divergencias entre el Govern y el delegado del Gobierno en Balears sobre la conveniencia de declarar obligación de servicio público los vuelos con la Península.

En este asunto ha habido demasiada retórica y muy pocos resultados. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar a los residentes en las islas unas comunicaciones suficientes a precios asumibles, homologables a los costes de viajar en tren en la Península, pero la realidad es que nos ha dejado a merced de las compañías aéreas y de sus conveniencias. En invierno somos rehenes de las aerolíneas, que se convierten en las verdaderas administradoras de nuestra libertad de desplazamiento y de nuestras oportunidades de promoción turística y económica.

Por mandato constitucional, el Estado está obligado a atender «las circunstancias del hecho insular», lo cual exige –por razones de igualdad y de solidaridad– compensar los sobrecostes que provoca la insularidad. Pero en materia de transportes las opciones del Gobierno para intervenir están muy limitadas por las estrictas regulaciones europeas. Todas ellas, sin embargo, tienen un mismo denominador común: obligan a poner sobre la mesa fondos públicos y mecanismos legales para fijar los trayectos y frecuencias que necesiten las islas, de manera que sin más dinero no será posible ofrecer las conexiones y/o las tarifas que necesitamos los residentes. No hay soluciones mágicas para resolver completamente el problema.

El marco legal comunitario ofrece básicamente dos alternativas: subvencionar los pasajes a los residentes, como se hace ahora, o declarar uno o varios trayectos como obligación de servicio público, con unos precios máximos y frecuencias mínimas, adjudicando las líneas por concurso público. La fórmula actual del descuento bonificado es ine-ficaz, porque anima a las compañías a subir sus tarifas y, sobre todo, porque no resuelve todas nuestras exigencias de conectividad: si no hay vuelos, de nada sirve la rebaja, sea del porcentaje que sea. En cambio, la obligación de servicio público restringe la competencia pero resulta más efectiva para establecer un servicio ajustado a las necesidades de las islas; en este caso, sin embargo, el punto débil reside en el precio máximo o único que se establezca: si el Estado pretende garantizar los vuelos sin gastar más, las tarifas resultarán desmesuradamente altas, como se ha visto en las líneas interinsulares; quedaría resuelta la conectividad, pero los residentes nos sentiríamos estafados en el precio.

Se puede marear la perdiz cuanto se quiera, pero a fin de cuentas todo se reduce a tomar una decisión sobre los vuelos que hemos de tener y si el Gobierno está dispuesto o no a hacerse cargo de la diferencia entre el coste de ese servicio y lo que los residentes debemos pagar por él.