Nada como una buena crisis para tener indicios sobre el reparto que hacen de nuestro dinero sindicatos, asociaciones empresariales y partidos políticos. Cuando el Govern quita una subvención de 700.000 euros a los primeros y de 800.000 a los segundos, la jefa de CCOO, Katiana Vicens, pide que también se le quite a los partidos. Los que viven en el mundo fantástico de la burocracia sindical no advierten la penuria con que arguyen en defensa de sus canonjías: persuadiría más Katiana de haberlo pedido antes y no como reacción a que se la quiten a ella. Solo el sindicato USO tiene dignidad para considerar «a todas luces acertado» suprimir la subvención «por participación institucional», porque eso lo deben pagar las cuotas de sus afiliados.
Su antítesis, Toni Juan, de CCOO de Ibiza, pide subvenciones para la vigilancia «puntual y rápida» de los políticos: ¿vigila quizás Toni a sus innumerables compañeros que abandonan la escuela para ser políticos? El riesgo de liberarse de la atadura de vivir pagado (¿comprado?) con subvenciones de los políticos, solo puede beneficiar moralmente a los sindicatos de clase, obligarles a parar la correa de transmisión ideológica que los hace depender de los partidos. Los privilegios de esos sindicatos, arrancados a políticos pródigos bajo la amenaza de romper la paz social, crecieron paralelos al aumento de su burocracia, al descenso en afiliación y cuotas, y a su propio descrédito. Perciben dinero por temas como «el fomento del hecho sindical», que evoca el lenguaje que fue propio al sindicato vertical. Con el mantra de reclamar su patrimonio, UGT y CCOO han obtenido durante décadas verdaderas fortunas salidas de los impuestos de todos los que no tuvimos nada que ver con la requisa del patrimonio de los sindicatos. Pero hemos pagado a tocateja su devolución a gentes que nunca fueron sus propietarios. Juegan con ventaja apoyados en leyes que les otorgan una presunción de representatividad que no poseen. Que negocien convenios en nombre de todos los trabajadores es tan ilusorio como pretender que los ´indignados´ representan al 99% de la población. Con datos de la OCDE, en 2009 los cinco sindicatos mayores españoles afiliaban a solo el 14,6% de los trabajadores, con tendencia descendente. La crisis amenaza ahora su hábito de parasitar la sociedad: subvenciones del Govern, liberados improductivos y locales gratis. Pero mientras funcionarios y pensionistas hacían sacrificios para reducir el déficit, los trabajadores de UGT aumentaron su salario en 2009 un 3,75% contra el 2,4% del sector privado. No es óbice para que Lorenzo Bravo, de UGT, aclare que los sindicatos lucharán por vía jurídica por sus derechos, lo que conlleva que los trabajadores se los costeen con impuestos en un retrato en vivo de la granja animal orwelliana.
