Una delegación del Govern innecesaria

Ni la estricta política de austeridad presupuestaria ni los drásticos recortes del gasto público en Balears han sido obstáculo para una decisión tan manifiestamente partidista como la de crear una delegación del Govern en Formentera. Ni las razones manifestadas por el presidente Bauzá ni la motivación plasmada en el proyecto de decreto publicado en el boletín oficial de la Comunitat, justifican la necesidad de esta delegación territorial ni el absurdo dispendio que supondrá para las castigadas arcas públicas de Balears. Ciertamente, la iniciativa figuraba en el programa electoral de la coalición Sa Unió (integrada por el PP y el GIF) en Formentera, pero eso no la convierte en obligatoria para el Govern y menos en una actuación prioritaria, entre otras cosas porque no fue precisamente Sa Unió la opción que cosechó el voto mayoritario de los formenterenses. Abrir una delegación del Govern en Formentera es un despropósito sin paliativos que nunca debería haber superado el filtro de la más elemental cordura política.

Sostiene el Govern en su decreto que el objeto de la delegación será coordinar «las funciones de titularidad autonómica», «la acción administrativa autonómica con la del resto de las administraciones públicas de la isla» y «la prestacion de servicios de los diferentes organismos de la Administración de la Comunitat Autònoma para facilitar el acceso de los ciudadanos a estos servicios», además de «impulsar la celeridad de las tramitaciones y de las acciones derivadas del ámbito competencial autonómico» y de «velar por la utilización eficaz de los medios disponibles en el ámbito de su competencia». Si para todos estos loables propósitos es necesario implantar una delegación territorial en Formentera, donde coexisten menos administraciones que en las demás islas y donde ya funciona una ventanilla única para agilizar algunos trámites, con tanto o más motivo debería hacerlo también en Eivissa y en Menorca. Por lo que se ve, en Formentera, conviene recargar la estructura administrativa con más intermediarios antes que adelgazarla y simplificarla.

El mismo Estatut que faculta al Govern para crear este nuevo órgano en su Administración periférica, establece con claridad (artículo 80.2) que el Ejecutivo balear «puede ejercer la gestión ordinaria de sus competencias a través de los consells insulares y de los ayuntamientos», pero esa vía más racional y economizadora ni siquiera se ha tenido en cuenta.

El PP envuelve su conveniencia de partido en decretos del Govern y supuestas razones de utilidad pública, pero lo que en realidad pretende es tener en Formentera una plataforma de relieve institucional en la que pueda situar a uno de los suyos, para darle protagonismo político y crear en torno a él un foco de influencia (y de clientelismo) con el que socavar el poder de la izquierda en la isla. En un momento crítico en que se podan sin miramientos los recursos de la sanidad, la educación o los servicios sociales de nuestras islas, resulta una verdadera frivolidad dilapidar decenas de miles de euros en crear y mantener una innecesaria delegación del Govern en Formentera.