Abundan los padres ibicencos dispuestos a saltarse la ley para buscar el mejor colegio a su hijo. Un domicilio ficticio es el apaño habitual para optar al que ven más adecuado. No están solos. En EEUU, de costa a costa, los colegios contratan investigadores privados que siguen al niño hasta su domicilio para comprobar si pertenece al distrito. Ofrecen hasta 250 dólares a denunciantes anónimos y varios padres esperan ya sentencia judicial por el crimen de buscar el mejor cole para su hijo.
El derecho de los padres a elegir centro se ha traspasado a una burocracia que tiene directrices políticas y la discriminación positiva como eje. Pero cuando se adoptan soluciones técnicas y arbitrarias a problemas que requieren una respuesta colectiva y social, suceden cosas como la reciente sentencia del Tribunal Superior de Baleares a favor de los colegios del Parc Bit de Mallorca. El Govern deberá pagarles con carácter retroactivo el concierto educativo de los cuatro años pasados. Se lo denegó el Pacte y su ínclita consellera Bárbara Galmés, sin más razón aparente que la incorrección política de la orientación de esos colegios. Y encima son colegios con separación de sexos, asunto que da tan buenos resultados en Suecia o Inglaterra, pero daba grima al Pacte.
Cuando los gobernantes son ideólogos que se toman en serio a sí mismos, obligan a todos a elegir entre entrar en su mazmorra intelectual o condenarse a las tinieblas exteriores. Ahora, a pagar entre todos las interferencias ideológicas en el derecho de los padres a elegir la orientación del centro que educa a sus hijos. Al incumplir la ley con las escuelas del Parc Bit, el Pacte discriminó irreparablemente a niños y niñas de menor poder adquisitivo que dejaron de beneficiarse de una enseñanza de calidad. Discriminando negativamente a los colegios que no le gustan, Galmés colaboró a hacer la enseñanza más elitista.
Tiene contradicciones la discriminación positiva: el acceso preferente a recursos y servicios de grupos desfavorecidos, becas con cupos para algún grupo social, o políticas de admisión en escuelas que fomentan la diversidad. Así, en la U.C. de Berkeley, hartos de la corrección política que les enseñan, un grupo de estudiantes ha decidido enseñar lógica a sus profesores. Venden pasteles en el campus siguiendo al pie de la letra los criterios de selección para ingreso en la Universidad: el hombre blanco paga el pastel a 2 dólares, el asiático a 1.50, el latino a 1, el negro a 0.75 y los más privilegiados para ingresar por cuestión de raza, los indios americanos, a 25 centavos. Por ser mujer rebajan otros 25 centavos. Dicen los estudiantes que tiene algo de racista pero que ahí está precisamente el quid. La sátira ha indignado a los que proponen la discriminación positiva: la tolerancia, virtud suprema de la cultura de la discriminación positiva, no se aplica a los disidentes.
