Los que eran ejemplo en acoger emigrantes están de vuelta por los abusos. Dinamarca restablece fronteras contra el tratado de Schengen; Holanda está en ello, vigilante de la inmigración musulmana. Baleares es diferente y el Govern de Antich desoyó un contundente informe del Consell Consultiu y decretó, a 20 de mayo, un gasto millonario que ata la política social del Govern elegido el 22. O sea, secuestran la voluntad de votantes y Govern para obligarles a hacer lo que a ellos gusta los próximos cuatro años. Fina Santiago, exconsellera de Servicios Sociales, alumbró una ley en la pasada legislatura por la que todo el que venga a Baleares tiene derecho a exigir vestido, comida y techo gratis. No en base al concepto de beneficencia, sino como derecho exigible en el juzgado de guardia, donde se pueden dirigir los recién llegados bien informados atraídos por el efecto llamada de la ley. Lo explica Fina: «Concreta el derecho de las personas a disfrutar de los servicios sociales en un marco de prestaciones. Por todo ello, se materializa el paso de un sistema asistencial a un sistema garante con derechos concretos reconocidos por parte de la administración pública».

Choca el buenismo de su ley con el lamento de las ONG de asistencia social: el Govern de Antich y Fina Santiago posponía los pagos para comida, ropa y techo al sistema asistencial que la exconsellera declara superado, el único que funcionaba. Dado que la financiamos el lector y yo, ley tan radical debería someterse a referéndum, pero Fina pertenece a los que no preguntan cuando disponen del bolsillo ajeno.

Los comunistas solo reparten miseria y esclavitud, por eso Fina Santiago deja su proyecto a la derecha en el poder como garante del reparto de los bienes de la sociedad capitalista. El dinero nunca fue problema para ellos. Lenin no dudó en vender a los británicos el Códice Sinaítico por unas cuantas divisas y la exconsellera, para no ser menos, vende el futuro del Govern balear. Con la complicidad de Antich, que se tomó una revancha anticipada y acabó de arruinar la Autonomía antes de irse de rositas con su título de senador.

El garantismo nos lleva a límites impensados. Antes se garantizaban enseñanza, sanidad y nóminas, pero Antich y Fina dan la vuelta a la tortilla y garantizan el derecho a vivir de la sopa boba a quienes los comunistas clásicos llamaban parásitos y enviaban al Gulag. La tortilla será escasa, según los inquietantes titulares diarios que dejan como herencia: el Govern debe todo el año al sector del transporte escolar; las deudas del Govern ponen en peligro suministros sanitarios y servicios; la deuda del Govern hace peligrar el pago de las nóminas en la concertada; Antich deja una deuda de 4.742 millones, el doble que en 2007; el Consell de Ibiza y el Govern no pagan las cotizaciones laborales de sus empleados desde el año 2008; etc... Lo que no garantiza la ley a los contribuyentes es que Fina y Antich respondan ante ella por esa maravillosa capacidad de gestión y por fraudes de ley como su decreto de despedida.