Un hombre por lo general sensato y comedido como es el secretario general del PP balear, Miquel Ramis, perdió los papeles esta semana al arremeter contra «determinados individuos entre los jueces, fiscales y policías» a los que acusó sin pruebas de estar a las órdenes del Gobierno y de actuar con «una doble vara de medir en los casos de corrupción». La andanada de Ramis no fue en ningún caso un involuntario calentón verbal, sino una intervención bien preparada e inmediatamente amplificada por la oficina de prensa de su partido.

Con este ataque indiscriminado, impropio de un dirigente político que ha tenido responsabilidades de gobierno y que aspira a tenerlas de nuevo, el secretario general del PP puso en tela de juicio la independencia y la honradez profesional de muchos servidores públicos intachables, hasta el punto de que la propia sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears hizo pública su «inquietud» por este tipo de imputaciones «infundadas» y «preocupantes», formuladas «sin apoyo en hechos concretos» y que «no contribuyen a fortalecer la confianza pública en la Justicia».

Es comprensible el hastío y la frustración que reinan en el PP balear al ver como proliferaban los casos de corrupción ligados a su pasada etapa en el Govern y el rosario de actuaciones judiciales que salpican a tantos miembros del partido, pero su ira no debería dirigirse contra aquellos que, desde su independencia jurisdiccional y desde su función de defensa de la legalidad, se limitan a investigar las tropelías cometidas. Y lo hacen con los mismos márgenes para la incompetencia, los errores y los excesos que caben en cualquier actividad humana. Pero en el ámbito judicial no rigen las leyes de la política, donde las discrepancias se expresan a través de críticas públicas y continuos episodios de esgrima dialéctica con los adversarios; ante los jueces y tribunales, los desacuerdos se manifiestan mediante denuncias o recursos y se resuelven en autos o sentencias. Dado que las acusaciones de Ramis son gratuitas y no se han plasmado en ninguna iniciativa judicial para sustentarlas, pueden ser entendidas más como una forma de presión que como una pataleta.

Ramis y el PP suelen poner como ejemplo recurrente de la «doble vara de medir» de algunos jueces y fiscales la celeridad y contundencia con que actúan en casos que afectan a su partido, en contraste con la supuesta falta de celo investigador en el caso Eivissa Centre, que les ha venido bien como coartada durante toda la legislatura para tener también algún imputado socialista al que señalar. Y es verdad que la instrucción de este caso dura ya cuatro años y se ha prolongado mucho más de la cuenta, pero no lo es menos que algo tendrán que ver en ello la estrategia procesal y las trapacerías de los dos denunciantes, abocados ellos mismos a sentarse en el banquillo para ser juzgados por denuncia falsa, aunque con ella lograran apartar de la causa al primer juez instructor de la misma. En todo caso, el retraso en la instrucción de Eivissa Centre es similar al que acumula ya el caso de ses Variades y mucho menor que la causa penal por la mansión de Cretu, ambos con imputados del PP, pese a lo cual ni la Fiscalía ni los jueces se han mostrado más diligentes ni combativos, como hubiera ocurrido sin duda de ser ciertas las elucubraciones de Ramis y compañía.