Lolitas

Les horroriza que un viejo vaya con niñas en Japón, pero ponen la edad de consentimiento en España en los 13 años para que pueda ir con niñas en Ibiza. Les indigna que quien airea la legalidad del sexo con menores hable en una televisión pública. A otros nos indigna que existan televisiones públicas: fuentes de despilfarro, agencias de colocación del partido de turno, dispensadoras de la intoxicación de la opinión pública que las hace queridas a todos los políticos. Aunque quien manda en RTVM, Esperanza Aguirre, es la única que propone, hasta la fecha, que desaparezcan.

Nuestro Antich mantiene la ruinosa IB3, aunque no le queda para sanidad, y solo la crisis nos salvó de pagarles otra TV a Tarrés y Pilar Costa. Puede que los diputados indignados porque se cumplan las leyes que promueven vean evaporarse, de trascender las ideas de Aguirre, la caja tonta que aspiran a manejar algún día y ese temor confunda sus neuronas. O que muchas horas de TV les reblandeció el cerebro: cuando el PNV quiso elevar la edad de consentimiento de los 13 a los 16 años, esa izquierda que tanto se escandaliza se opuso. El Comité de la ONU sobre Derechos del Niño les sugirió los 15 años, pero tampoco. Se escandalizan, pero prevén la solución a imponderables en la práctica de su ley con el aborto de las niñas a los 14, sin la rémora trasnochada de que sus padres se enteren. Porque parten de dos premisas: que las leyes han de estar al margen de concepciones morales y que la patria potestad la debe ejercer el Estado en lugar de los padres. Siempre, claro, que el Estado se ajuste a su ideología. Pero hacer leyes así tiene consecuencias que, además de ofensivas para el sentido popular de la legitimidad, permiten que lo de Dragó no sea pederastia ni delito en base a una ley progresista. Algún experto piensa que la gente se equivoca y que un Código Penal puede existir sin concepciones morales, pero eso dice más sobre los expertos que sobre la gente.

El portavoz del PSOE en la comisión de RTVM, Ruiz Castillo, aún llama a Dragó «pederasta confeso», pero para patetismo Antero Ruiz, de IU, que pide el cese de Dragó «por decencia, responsabilidad y respeto a las mujeres y para que RTVM no sea cómplice de un delito»: un escándalo. Este Antero tiene pésima memoria: en 1998 sustituyeron en el Código el ´escándalo público´ por «la distribución de material pornográfico entre menores de 16 años o deficientes mentales»: no entre los adultos, con lo que por increíble que parezca, miraban a los menores como consumidores y no como víctimas de los que elaboran material pornográfico con ellos. En el mismo Código despenalizan la ´corrupción de menores´ y dejan como delito solo su prostitución, que exige un precio a cambio del trato carnal: mucho se cuida Dragó de decir que pagara el servicio. Así que Ruiz y Antero, para perseguir dragones, deberán convencer a sus partidos en el Congreso para más modificaciones del Código, con las que parecen correr tras las concepciones morales de la gente, ya que no tras las propias, sin ver algo tan simple como lo que dice Rafael Serrano: que la única manera de no ser moralizante no es proponer otra reforma del Código, sino suprimirlo entero. Cosa que solo suscribirían los que jamás moralizan, entre ellos los pederastas.