Un Estatut de todos

Imaginen que un individuo comete una ilegalidad. Imaginen que otras personas lo denuncian y que un tribunal de justicia lo juzga y lo condena. Hasta ahí, todo normal. Lo extraño sería que se afirmara que la culpa de todo lo acontecido es de los que han denunciado la ilegalidad y del tribunal que ha aplicado la ley. Pues en esas estamos: ante el fallo del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de parte del Estatuto de Autonomía de Catalunya, resulta que la culpa la tienen el Tribunal Constitucional por aplicar la Constitución que está obligado a aplicar, y el Partido Popular por recurrir lo que ya advirtió de que era inconstitucional antes de ser aprobado. Por el contrario, resulta que los que crearon un Estatuto con trazas declaradas de inconstitucionalidad, se permiten señalarlos con el dedo. Pero el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia. Ha declarado radicalmente inconstitucional una parte del Estatuto de Autonomía catalán y se ha visto forzado a reinterpretar otra parte para poder salvarla de la quema. A los que somos especialistas en Derecho Público nos sorprende el reduccionismo de si se ha tocado más o menos porcentaje, siendo el peso de la parte recortada lo verdaderamente relevante. Resumiendo, se niega eficacia jurídica e interpretativa a que se declare que Catalunya es una nación política diferenciada de la nación española; se declara inconstitucional la declaración de independencia del poder judicial catalán y del defensor del pueblo catalán; se declara inconstitucional que la lengua catalana sea preferente a la castellana; y se declara inconstitucional que la Generalitat se apropie de la competencia legislativa en financiación local y en cajas de ahorro.
Todos los juristas que nos hemos centrado en el Derecho Constitucional somos conscientes de la importancia de esta sentencia no ya sólo por su incidencia en la comunidad autónoma catalana sino por el hecho de que viene a fijar los límites jurídicos del Estado de las Autonomías y esto afecta con la misma fuerza a las Illes Balears y nuestro nuevo Estatuto de Autonomía. La Constitución es una goma muy flexible, he ahí su virtud, pero toda goma se estira hasta un límite a partir del cual se rompe. Y aquí han intentado romperla. Lo grave de la situación generada es que las mayorías nacionalistas más radicales han intentando reformar la Constitución por la puerta de atrás, con la colaboración activa del presidente del Gobierno, que una vez más, ha dejado de lado el interés de estado y del resto de comunidades autónomas como la nuestra, y no ha dudado en hacer lo que hiciera falta para comprar el apoyo de esos partidos. Interés político. Mintió a los catalanes cuando prometió no tocar ni una coma del Estatuto y mintió al resto de españoles cuando aseguró que el Estatuto aprobado era plenamente constitucional.
Los ibicencos que residimos en Catalunya constatamos día a día una gran fractura que separa a los políticos y sus medios por un lado, compitiendo por ver cuál parece más nacionalista, y los catalanes, por otro, más preocupados por sus problemas reales. No olvidemos que dos de cada tres catalanes convocados a votar ese Estatuto de Autonomía decidieron irse a la playa. Es esencial entender que, como hemos hecho en Balears, no es necesario inventarse pretendidos derechos históricos, invocar el antiguo Reino de Mallorca o la proclamación de la nación balear o ibicenca, con una lengua preferente a la castellana, para alcanzar más cotas de autonomía y bienestar de todos los que tenemos la suerte de vivir en estas islas. Somos comunidad autónoma con instituciones propias porque la Constitución Española ha dado ese derecho a los habitantes de las islas, y como tales lo ejercemos de buen grado y de forma leal.
Durante años, el nacionalismo se ha adueñado de la marca ´Catalunya´, pero Catalunya es más que nacionalismo y este Estatuto de Autonomía. Catalunya es de todos los catalanes, como Eivissa es de todos los ibicencos y no sólo de los que piensan que tienen más derechos que los demás. Desde Nuevas Generaciones de Eivissa tenemos muy claro que el Estado de las Autonomías es un medio para conseguir el bienestar de todos, y sólo algunos políticos catalanes lo han concebido como un medio para conseguir la independencia. Aprovecharse de lo que la Constitución nos da para destruir la propia Constitución, no tiene más que un nombre: deslealtad institucional. Y esa, no es una característica de las personas que viven, ni en Eivissa, ni en Catalunya a pesar de muchos de sus políticos y de Zapatero. Y eso, afortunadamente, en las islas lo tenemos claro.