Conselleria en Eivissa o disolución del Govern

En el debate de política general del pasado lunes celebrado en el Consell de Eivissa, el equipo de gobierno sacó adelante una propuesta novedosa. Se aprobó, con la abstención del PP, reclamar al Govern que en la próxima legislatura se traslade a Eivissa la sede de una conselleria balear, al objeto de promover la corresponsabilidad del gobierno autonómico, la descentralización del poder y la diversificación de la economía.
Si lo que pretendía esta idea era abrir un debate en torno a la configuración del mapa político balear, lo ha conseguido. Si en verdad lo que pretende es el traslado de una conselleria a Eivissa, tengo mis dudas. La configuración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears cuenta con una realidad geográfica que no tienen otras comunidades autónomas (excepto las Islas Canarias) y es la fragmentación territorial, el hecho insular.
Qué duda cabe que se puede crear la sede de una conselleria en otra isla que no sea Mallorca. Ya puestos, y antes de que se les ocurra a otros, yo reclamo para Formentera la sede de la presidencia del Govern, que estoy seguro será también del agrado de muchos.
Pero el tema de fondo es otro, es abrir el debate sobre el mapa político balear. ¿Existen las Baleares? ¿El traslado de conselleries a las islas hará más por la cohesión balear? ¿Se gestionarán mejor los recursos? ¿Notarán los ciudadanos la diferencia? Sinceramente, creo que no. Lo que quieren los ciudadanos son más y mejores servicios públicos independientemente de quién sea la competencia. Durante muchos años y de forma equivocada hemos pensado que la transferencia de competencias mejora los servicios, nada más absurdo. Es la correcta gestión la que mejora los servicios.
A modo simple, la transferencia de competencias en Balears desde el año 78 ha seguido el mismo camino: del Gobierno central a la Comunidad y de ésta a los Consells. Falta saber si de estos a los ayuntamientos, la verdadera y mas próxima Administración de los ciudadanos sin apenas competencias ni presupuesto.
Los consells insulares son un hecho diferencial no sólo reconocido en el Estatut d´Autonomia (mejor dicho: recogido en el Estatut porque así lo reconoce la Constitución Española en su artículo 138.1: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular». Y en el artículo 141.4: «En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos»).
Además, como bien dice Alfonso Ripoll Escandell, la Llei de Consells de 1989 consolida la personalidad jurídica de las islas, ya que el Consell se confirma como elemento clave de la organización territorial con fines propios de Gobierno y administración de la isla.
El actual Estatut d´Autonomia dice en su artículo 8.1, que hace referencia a la organización territorial: «La Comunidad Autónoma articula su organización territorial en islas y en municipios. Las instituciones de gobierno de las islas son los consejos insulares, y las de los municipios, los ayuntamientos».
Por lo tanto, en Balears lo que estamos haciendo es crear cada vez mas pequeños governs de Balears en cada isla o, mejor dicho, lo que debe suceder es que el Govern se disuelva en los consells, que se vacíe de competencias y se convierta cada vez mas en un ente coordinador de políticas interinsulares. De temas que afecten a dos o más islas, que son muchos. Y así podríamos empezar a terminar la construcción, tal y como dice el preámbulo del Estatut, de la nacionalidad histórica que forman las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
La propuesta, que ya digo que no comparto, creo que debe ser más madurada. Desde mi punto de vista creo que es más interesante prestar bien las competencias que se tienen y trabajar en la consecución de otras con el objetivo de dar cada vez mejores y más servicios a los ciudadanos. En vez de trasladar conselleries, que al final no supondrá otra cosa que más gastos, más funcionarios y más duplicidades.