A vueltas con Garzón

El caso Garzón está que arde, cuando parece inminente un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial sobre una eventual suspensión de funciones del polémico juez de la Audiencia Nacional. La situación vuelve a poner de manifiesto el amontonamiento de lo político y lo judicial. Con asuntos colaterales, como la presunta cobertura de Venezuela al terrorismo de ETA.
Justo ahora que hablar de políticos y jueces vuelve a ser una redundancia, resulta curioso contemplar el rasgado de vestiduras por los ataques del Gobierno de Hugo Chávez al juez Eloy Velasco mientras que, en la misma clave de consumo interno, quienes se escandalizan por ello son quienes al tiempo jalean el linchamiento del juez Garzón.
No parece que opere el mismo respeto a la independencia judicial en un caso que en el otro. Si nos escandalizamos por los ataques de un gobernante extranjero al fuero de un juez español, también deberíamos escandalizarnos de que en nuestro propio país se ataque el fuero de otro juez, cuando el Supremo ni siquiera le ha procesado por los supuestos delictivos contemplados en las tres querellas presentadas contra él.
Tampoco se entiende muy bien que el CGPJ discuta sobre la eventual suspensión de funciones del juez sin previo pronunciamiento del Supremo sobre su conducta, más allá de la admisión a trámite de unas querellas de particulares cuya acusación en ningún caso es compartida por el Fiscal. O se entiende muy bien si tenemos en cuenta que los vocales del CGPJ se nombran a propuesta de los partidos políticos. Así resulta inevitable relacionar el acoso al juez Garzón con el hecho de que éste, en su función jurisdiccional, haya puesto en evidencia un caso de corrupción que afecta al PP.
Si además anotamos el hecho incontestable de que a Garzón le tienen ganas personas aisladas de otros partidos, incluido el PSOE, y de ciertos medios de comunicación, encajan las piezas para concluir que la política y el ajuste de cuentas se dan la mano en la situación descrita por el interesado en su escrito de alegaciones ante la comisión permanente del CGPJ. En dicho escrito, de 26 folios, Garzón dice que está sufriendo una campaña de acoso «alentada por personas a quienes yo imputé, y jaleada por medios de comunicación interesados en terminar con mi carrera profesional».
Con campaña o sin campaña, hay un hecho objetivo de estricta aplicación de los procedimientos legales. Me refiero a la admisión a trámite de tres querellas contra Garzón por parte del Tribunal Supremo, en contra del parecer del Fiscal. Una de ellas presentada por el cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. ¿Tiene más crédito un presunto corrupto como Correa que el Ministerio Público? Esa es una de las incómodas preguntas del caso.