Todos contentos con la Unesco

Un análisis sosegado y desapasionado del informe de la Unesco, sin caer en radicalismos extremistas ni tampoco en una empalagosa adulación al poder, permite establecer que este organismo internacional ha intentado contentar a todos, tanto a los denunciantes como a los promotores de la ampliación del puerto de Eivissa.
A lo largo de las 40 páginas de la Unesco, se incluyen comentarios y frases que, tomadas aisladamente, dan la impresión de que no hay ningún impedimento para desarrollar el proyecto de la Autoridad Portuaria. Y, sin embargo, aparecen luego otros párrafos que permiten concluir que, en realidad, han de hacerse cambios tan profundos que equivalen a un proyecto nuevo.
Este tipo de situaciones (una de cal y una de arena) no deben sorprender, pues los altos organismos internacionales, incluso los que cuentan con una aureola de venerabilidad y rigor, suelen estar también sujetos a fuertes presiones y sugerencias llegadas desde las más elevadas instancias. Cuando se trata de proyectos de presupuesto multimillonario, los redactores de dictámenes como este no tienen fácil su labor y a veces (no siempre) deben luchar por hacer prevalecer la verdad y los criterios estrictamente técnicos por encima de recomendaciones políticas o diplomáticas.
No debe desprenderse de ello que este haya sido el caso del informe de la Unesco sobre el puerto de Eivissa, porque la verdad es que sus conclusiones más relevantes obligan a un severo replanteamiento del diseño del puerto. El hecho de que se pida una «cuidadosa revisión y reconsideración del proyecto», o que se estime «clave» el excesivo tamaño de la plataforma, o que se recuerde que las proporciones del puerto han de tener en cuenta «el tamaño de la isla y no el de los barcos» o que se inste a aumentar el ámbito de la zona protegida son temas que aluden, precisamente, a ejes fundamentales del proyecto, no a detalles de poca monta.
Por ello, no es extraño que el dictamen haya aumentado la inquietud que ya existía antes entre sus promotores, pues, de momento, deben dar explicaciones a las empresas adjudicatarias, las cuales, a su vez, se ven obligadas a decir a sus proveedores que sigan esperando un poco más. No fue, desde luego, una decisión acertada adjudicar esta obra justo unos días después de saberse que la Unesco iba a fiscalizarla y a revisar su viabilidad. Al menos, debería haberse esperado a que llegara el dictamen de los inspectores.
¿Qué futuro se abre ahora? Ante todo, el más elevado sentido de la responsabilidad debe imponerse en un momento en que se ha confirmado que existen relevantes aspectos del proyecto que deben ser cambiados.
Para evitar que se eternice esta situación, e incluso por el propio interés de la Autoridad Portuaria, es preciso presentar cuanto antes una versión más racional y respetuosa, que merezca el beneplácito de los responsables del Patrimonio de la Humanidad.
Lo que ha demostrado este episodio es que, pese al acuerdo implícito entre los dos principales partidos políticos ibicencos para arropar el proyecto de la Autoridad Portuaria, de nada sirve ese frente común si la mesa cojea por una de sus patas y hay alguien (por irrelevante sea ese alguien) que lo denuncia ante el lugar adecuado y en los términos adecuados.
La inextinguible luz de la verdad acaba siempre resplandeciendo, por más que el poder y sus acólitos intenten ensombrecerla con las vanas brumas del equívoco.