Es difícil encontrar mejor ejemplo de inestabilidad que presentar un Plan de Estabilidad y rectificarlo horas después. Eso es lo que ha sucedido con el que envió España a la Comisión Europea para mostrar las credenciales de nuestro país sobre nuestra capacidad de recortar el déficit desde el 11,4% actual al 3% que reclama la Unión para 2013. El párrafo sustituido hacía referencia al aumento del periodo de cálculo para las pensiones futuras que pasaría de los 15 a los 25 años, abaratándolas. Era una simulación, dice el Gobierno. Si realmente lo fuera, para qué suprimirlo, cabría responder.
Las pensiones son material sensible. En su sostenibilidad están los cimientos del Estado de bienestar futuro. Con nuestro modelo, la necesidad de su reforma no es una cuestión ideológica, sino demográfica. Las proyecciones estadísticas muestran claramente que conforme avance el siglo cambiará la proporción entre quienes cotizan y quienes perciben una pensión fruto de esas cotizaciones. Por eso, afrontar con tiempo un problema de esta envergadura es cuestión de responsabilidad, requiere valentía y rigor, y, sobre todo, grandes dosis de pedagogía para explicar a las generaciones que hoy financian el mejor sistema público que hemos tenido en la historia que seguramente cuando lleguen a la edad de la jubilación lo que ellas perciban llegará más tarde y menguado.
Se requiere también un gran acuerdo de Estado, porque lo que hoy se decida lo tendrán que gestionar gobiernos futuros, sean o no del color de quien hoy tiene esa responsabilidad. Por eso, quienes debieran formar parte de ese pacto no se pueden enterar de las ideas por los periódicos. Y quienes se ven afectados por estas decisiones, los pensionistas de mañana, no pueden ni siquiera sospechar que el Gobierno está diciendo una cosa en España mientras cuenta otra distinta a Europa. La confianza es fundamental para que la economía se recupere, se nos ha dicho hasta la saciedad. Pues bien, es un buen momento para que el gobierno se aplique en fomentarla y no en minarla.
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