La ruptura del Pacte de Govern, tras la destitución de los cargos de UM en las principales instituciones, ha situado a la política balear ante un escenario inédito e imprevisto al inicio de la legislatura: un gobierno de izquierda en minoría, pero comprometido en sacar adelante el programa que se pactó con Unió Mallorquina. Frente a él, una oposición que reúne de nuevo, muy a su pesar, al PP con sus antiguos socios. Un panorama complicado, en el que debería prevalecer el sentido de Estado para llevar a cabo las políticas que son imprescindibles de aquí al final de la legislatura. Políticas dirigidas, esencialmente, a combatir la crisis económica y a erradicar la corrupción. Con más de cien mil parados sobre sus espaldas, el Govern –y la oposición– tienen la obligación de no regatear esfuerzos para llevar a cabo las reformas estructurales que nuestra economía precisa.
La reducción del número de conselleries o departamentos irían en esta dirección. Hace falta disminuir el gasto público y aprovechar al máximo los recursos disponibles para poner en marcha un modelo productivo de nuevo cuño. Para eso no basta la buena voluntad, es necesario el respaldo del resto de fuerzas políticas si se pretende evitar el naufragio que muchos vaticinan. Además apenas hay tiempo si se quiere aprovechar la recuperación europea para relanzar la economía y no perder competitividad en los mercados turísticos. Sin olvidar el factor esencial de que es imprescindible que el Govern recupere la confianza de los ciudadanos o, lo que es lo mismo, la credibilidad ante la inversión privada, erradicando por completo cualquier sospecha de corrupción.
Tanto en uno como en otro sentido se ha de ser implacable, pero para que esto sea posible será necesario que todas las fuerzas políticas sumen sus voluntades y, a su vez, definan claramente sus posiciones para que el año próximo, cuando finalice la legislatura, los ciudadanos puedan votar con perfecto conocimiento de causa. PSOE y Bloc han de redefinir sus posiciones superando la endémica división de la izquierda, del mismo modo que el PP –ahora en pleno proceso congresual– tendrá que sobreponerse a los casos de corrupción que le afectan. En UM tienen una ingente labor de limpieza por delante y, en el PP, dos citas importantes a corto plazo: un congreso en el que elegirá a su presidente y la comparecencia de Jaume Matas ante la Justicia que debería servir para que el partido haga frente a sus propios fantasmas.
En cualquier caso, ninguno de los partidos políticos que forman el arco parlamentario está preparado, en estos momentos, para unas elecciones anticipadas, que se presentan como recurso ineludible si el horizonte social, político y económico, es ingobernable. Habrá que esperar unos meses para redefinir liderazgos y programas, pero sin que las instituciones se paralicen. Govern y oposición tienen la obligación de ser conscientes de ese reto. Sin embargo, las dudas son muchas y están avaladas por los acontecimientos más recientes. Todos los partidos han permanecido demasiado tiempo anestesiados ante la corrupción y por una crisis económica que afecta directamente al modelo productivo, sin saber qué camino seguir. O asumen sus responsabilidades y, entre todos, llegan a un pacto para intentar capear la crisis y esclarecer los casos de corrupción, o la deriva social de conflicto y el deterioro de la imagen de la imagen de las instituciones democráticas puede provocar una herida que costará mucho cicatrizar.