Entre Montilla y Barreda

Mañana sábado finaliza el plazo para la presentación de municipios candidatos para albergar el llamado cementerio nuclear. Salvo sorpresas de última hora, son tres los ayuntamientos que han levantado la mano. Ascó, Yebra y Villar de Cañas son los candidatos y sus alcaldes han logrado poner en jaque a sus respectivos partidos y, desde luego, a los presidentes de sus respectivas comunidades, Montilla y Barreda, que han saltado como trigo en albarda ante las pretensiones de los municipios de sus territorios.
Después de jornadas de polémica se necesitaba escuchar la voz del Gobierno, el único, como bien ha recordado Montilla, que tiene capacidad y legitimidad para tomar una decisión final. Y el Gobierno ha hablado. El más locuaz ha sido el ministro de Industria, Miguel Sebastián, a quien le ha molestado de manera especial el argumento de la «solidaridad» que han esgrimido los presidentes de Cataluña y Castilla-La Mancha. Y no le falta razón porque hablar de solidaridad es nombrar la bicha en un país en donde, de manera latente, existe la sensación de que no todas las autonomías reciben el mismo trato. Desde luego, nadie se cree que Cataluña sea una autonomía maltratada y poca gente sabía que Castilla-La Mancha recibe cantidades millonarias gracias a las instalaciones de placas solares.
Pero si la opinión del ministro de Industria es relevante, aquí la que importa es la del presidente del Gobierno. Y el presidente habló y una vez más hizo alarde de quererse parecer a sí mismo, al decir que lo que se haga se hará por consenso. Consenso ¿con quién?, ¿con los ayuntamientos que ya han mostrado su disposición a albergar el cementerio nuclear?, ¿con los alcaldes de localidades limítrofes a Yebra o a Ascó?, ¿con quienes se oponen a los alcaldes? Su intervención no aclaró duda alguna.
Demos por buena la idea del consenso, pero ¿hasta dónde debe llegar este consenso? y ¿con quién se debe tejer este acuerdo?, pero al final el Gobierno tendrá que decidir entre Montilla y Barreda y no entre Ascó y Yebra. Miembros del Ejecutivo reconocen que la cuestión «es peliaguda», pero confían en que el presidente al final encuentre una solución. «Su capacidad para sorprendernos no se ha agotado».
Va a ser interesante y significativa la solución al dilema Barreda-Montilla y resulta imprescindible y urgente que desde el Gobierno se informe a los ciudadanos de lo que nos cuesta trasladar nuestros residuos a Francia, que nos cuenten, con criterios técnicos, qué ocurriría en España si hay un accidente nuclear en Francia o en Marruecos. Que nos digan lo que cuesta el kilovatio de la energía solar y fotovoltaica y de la nuclear a la que este Gobierno se opone con tanta rotundidad como al tabaco, que es perverso pero nadie cierra un estanco y desde hace un tiempo se ha vuelto a permitir su venta en los kioscos.
Es inteligente y necesario apostar por la energía limpia, pero ¿hay que renunciar a tener la energía que tienen los países más avanzados de mundo? Como es seguro que esta labor pedagógica basada en criterios técnicos y no en criterios políticos no se va a propiciar desde el Ejecutivo, sólo nos queda poner toda nuestra atención en el dilema que, insisto, no es otro que Barreda-Montilla. Lo demás, puro ruido.