El Govern debería tener muy en cuenta que las islas de nuestro archipiélago se parecen entre sí como un huevo a una castaña y que, precisamente porque son diferentes, medidas que pueden ser válidas para Mallorca pueden resultar aberrantes en Menorca, Ibiza y Formentera. Aunque no es una práctica que pueda sorprendernos. Viene de lejos y responde a resabios bien conocidos. El caso es que el Govern sigue dictaminando urbi et orbe, de manera que lo que se hace en la isla mayor vale para todas las islas.
El último ejemplo lo hemos tenido en el llamado decreto Nadal, que entró en vigor el pasado octubre y que, en la práctica, dificulta la ampliación de algunos agroturismos en las islas menores y, en algunos casos, la creación de otros nuevos. El problema parece estar en el menor tamaño de nuestras fincas y casas rurales y en que el Govern define unilateralmente un modelo turístico con parámetros no consensuados, caprichosos y discriminatorios. Entre otras cosas, porque el supuesto lujo que reclama no depende, como se desprende del decreto de marras, de los metros cuadrados que pueda o no tener determinado establecimiento.
Quien haya viajado por agroturismos de otras geografías habrá comprobado con satisfacción que precisamente los de Ibiza –no conozco los menorquines– nacieron con un alto grado de exigencia y cumplen con creces, a criterio de sus mismos clientes, las expectativas puestas en ellos. En cualquier caso, estas desajustadas intervenciones del Govern no son el mayor problema que tenemos en las islas menores.
La cuestión de fondo está en la intromisión que algunas medidas suponen con referencia a la autonomía de cada Consell. El Govern acapara decisiones que se deberían tomar en las islas, en cada una de las islas, con la resultante de que algunas iniciativas –y es el caso de los agroturismos– suponen un perjuicio injustificado y directo para el turismo pitiuso y menorquín. Me pregunto por qué nuestro Consell no ha impugnado el referido decreto ante los tribunales como ha hecho Menorca.