Hasta Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha tenido que ir una viuda española de etnia gitana a que se le reconozca el derecho a cobrar la pensión del que fue su marido durante treinta años, de los cuales pasó 19 cotizando a la Seguridad Social. Todo porque estaban casados por el rito gitano en vez de por el Registro Civil. Lo primero que sorprende es que ese rito no esté reconocido en nuestra legislación como casorio, a pesar de que quienes lo practican tengan la misma obligación de pagar impuestos y cotizar a la Seguridad Social que cualquiera. Libro de Familia sí que tenía la pareja, y en él figuraban junto a sus seis hijos como familia numerosa. Pero derecho a la pensión por la que el padre y marido cotizó durante diecinueve años para dejarles a resguardo si él faltaba, no.
No estamos hablando de una secta sino de una cultura milenaria y tan española como la que más. ¿Como es posible que en el paraíso de las parejas de hecho que es nuestro país, los gitanos sigan en este limbo legal? ¿Para qué se supone el legislador que los gitanos españoles cotizan si no es para aspirar al mismo nivel de protección social que el resto de los cotizantes? De pagar no están exentos; en deberes, igualitos. En derechos, no, y no sólo en esto. Esto es lo grave.
El caso es tan de justicia natural, tan de sentido común, que a mí leer que esta española, María Luisa Muñoz Díaz, se ha tenido que ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a buscar la justicia que se le ha negado aquí durante ¡siete años!, me da vergüenza ajena. En primera instancia ganó, el juez natural entendió que negarle la pensión constituía un trato discriminatorio por razones étnicas hacia su persona. Pero aquella decisión fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando que el estatus civil de la pareja no se ajustaba a la legislación, y el Constitucional remachó, a modo de regañina, que ni un duro porque «la pareja había optado por no formalizar legalmente su unión, a pesar de haber tenido la libertad para hacerlo». 70.000 euros va a tener que pagarle el Estado a María Luisa por daños morales, además de la pensión. Es de esperar que ahora este vacío legal se remedie, y que algo así no se repita.
