Me parece que no tuvo demasiado eco el llamamiento del Rey en la Fundación que dirige José María Aznar para que los partidos vayan hacia un ´pacto constitucional´. Quizá porque a nadie interesan las últimas derivaciones de ese pacto, que no puede ser meramente un concierto para dejarlo todo como está. El propio anfitrión, Aznar, ya sugirió que hay que avanzar actualizando los logros que hasta ahora ha cosechado aquella, esta, Constitución de 1978.
Acabamos ahora de celebrar un nuevo aniversario de nuestra Carta Magna, si es que así puede llamársela técnicamente. Y pienso, un año más, que no es mal momento para reflexionar acerca de los cambios que nuestra ley fundamental necesita para adaptarse a los tiempos que corren. Que no es lo mismo un texto redactado hace treinta y un años para pavimentar la transición hacia la democracia que gestionar, más de tres décadas después, con lo que ha llovido, esa democracia, una vez lograda.
En los últimos días hemos visto algunos serios desajustes –y los que veremos– entre la realidad y las normas, más o menos rígidas, contempladas en nuestra Constitución. Ahí está, sin ir más lejos, lo que está ocurriendo con el retraso –¿inconstitucional en el fondo?– en la llegada de la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de si el Estatuto de Catalunya, que ya se aplica plenamente desde hace tiempo, se ajustó o no a la ley fundamental.
Puede que sea el conflicto más vistoso, y acaso el más importante, pero no es el único. Desde un punto de vista riguroso, puede que algunos otros estatutos autonómicos tampoco se ajusten de manera escrupulosa a lo que dice el, me temo que ya obsoleto, Título VIII de la Constitución en algunos de sus artículos.
El miedo de la clase política –y de la sociedad, reconozcámoslo– a abrir el melón de las reformas constitucionales está haciendo que nuestra ley de leyes se vaya quedando algo arcaica en los aspectos ya conocidos y detectados –no se enumeran las autonomías, no hay identidad europea, la sucesión a la Corona está mal regulada, el Senado es una Cámara inoperante e ineficaz...– y en bastantes otros. Para mí, lo más chocante no es que la Constitución siga dictando que el servicio militar es obligatorio o consagrando la pervivencia de los llamados tribunales de honor, sino que podamos comprobar que la regulación de las autonomías, sus facultades y competencias, corresponde al momento de instaurar la descentralización, pero no al presente.
El acuerdo constitucional que reclama el Rey, en un llamamiento, que supongo que quiso ser un toque de atención, y que muy probablemente se repita en el tradicional discurso del Monarca en la Nochebuena, es algo que debemos tener muy en cuenta. Aunque acaso el Rey no deba ir más allá y sean los políticos los que deben buscar un acuerdo nacional para, al menos, sentarse a la mesa y ver qué artículos hay que redefinir para que España sea un Estado en el que todos quepan cómodamente, un Estado descentralizado y preparado para liderar una Europa en vertiginoso cambio.
La Constitución de 1978 sigue, afortunadamente, vigente. Pero, parafraseando el pensamiento falsamente atribuido a Lampedusa, es preciso que algo cambie para que la Constitución siga (básicamente) igual.
