Vino a Ibiza la ministra de Igualdad a descansar un fin de semana y los comentaristas de la noticia en el Diario digital se preguntaban de qué. Desde luego no estaba cansada de estudiar el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A la ministra le fastidia que se contradigan sus posiciones, defecto impropio de quien lleva por bandera una igualdad que se supone para todos. Le disgusta que un obispo, el portavoz de la Conferencia Episcopal, critique la ley del aborto que ella defiende, y manda a monseñor que limite al púlpito la expresión de sus opiniones. La ministra ignora, dicen que entre otras muchas cosas, lo que establece el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia».
No soporta Bibiana que otros ciudadanos que no piensan igual que ella tengan igual derecho a hablar como y donde ella lo tiene y es que la ministra no se ha leído ni el preámbulo: «La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». Cuenta Bibiana, en el esfuerzo del Gobierno por hacer que las instituciones religiosas se conformen a su política, con la ayuda del inefable señor Bono. Porque en descargo de la ministra hay que decir que no es la única en llenarse la boca de derechos para demostrar acto seguido que desconocen el derecho fundamental que expresa con nitidez el artículo 18. Revelan así, no sólo que no han leído la Declaración, sino una actitud intolerante enemiga de la libertad de expresión ajena. Es decir, creen en la libertad de opinión y expresión de sus propias convicciones, creen lícito prohibir que las contrarias se expresen en público, y creen válido todo esto desde la ignorancia. Muchos siglos, mucha intolerancia, muchos inquisidores, todos convencidos de estar en posesión de la verdad y del título para imponerla, pasaron hasta llegar a la Declaración de la ONU. Para que no les quepa duda a inquisidores del tipo de la ministra, la carta de la ONU incide de nuevo y especifica el tema en el artículo siguiente, previendo la existencia de estos intolerantes desinformados: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión» (Art.19). Y Bibiana, en Babia, pretende que quien no está de acuerdo con su ley del aborto restrinja sus expresiones al púlpito. Ni en lo del púlpito acierta Bibiana, que hace tiempo están en desuso y los obispos usan los medios de comunicación y parecen propensos a no callarse, por otra parte su extricta obligación, sin la cual no justifican su oficio. Pero ni ministra ni obispos son lo que más importa, sino todos los que pretenden que la religión y sus símbolos sólo sean tolerados para uso personal y casero y se prohíban en público. Tienen un problema doble: la intolerancia que les echa en cara la Carta de la ONU y la esencia misma de la religión que quieren callar, que ordena transmitirla a gritos desde los terrados.
