El jefe del Ejecutivo balear se dice preocupado por las 80.000 personas en paro en la Comunidad y relaciona el paro con el aplazamiento del cobro de los acuerdos con los trabajadores de sanidad y educación. Utilizar el paro para justificar recortes a la nómina de los funcionarios es una táctica que se repite cada vez que al gobernante no le salen las cuentas. Hacer pagar a los funcionarios como corresponsables de la mala gestión del Govern es injusto, pero hacerlos aparecer como privilegiados con cuya nómina se puede jugar cuando falta dinero, es ruín. Apela Antich a su «humildad», singular concepto en un político, para pedir al funcionario que ceda parte de su nómina al parado. Olvida Antich que eso ya sucede, que de hecho los funcionarios son los ¿únicos? que en este país pagan impuestos de cada euro que ganan para subvencionar el paro y todo lo demás. President, consellers, diputados, directores generales, etc.., etc.., tienen un trabajo mejor pagado, en bastantes casos menos justificado, que los funcionarios a quienes se escatima el salario. Hay que empezar las restricciones por quien las predica: lo que no se compara con la situación de los parados es el tren de vida, viajes y banquetes de los cargos políticos de la Comunidad. Hay más sitios donde hallar dinero para fines sociales: en la multitud de cargos y consejeros áulicos nombrados a dedo desde la presidencia del Govern y desde cada conselleria, justificables tan sólo como pago de apoyos políticos y que son prescindibles, improductivos, entorpercen la buena marcha del trabajo de los funcionarios en la Administración con su partidismo sectario y escandalizan al contribuyente que se ve obligado a mantenerlos. La abundancia de esos puestos es de por sí una corrupción del sistema. La solución a la falta de recursos está en las manos de Antich y bien localizada en las entidades y fundaciones deficitarias dependientes del Govern. Ahora que vienen vacas flacas se percata el Govern de que sólo IB3 tiene 74,86 millones de euros de pérdidas en la televisión, 5,9 millones de euros en la radio, y otros 64,43 millones en el caso del ente. Y de que las empresas del Govern superan los 1.129 millones de euros de deuda. Antich tiene la oportunidad de entrar a saco en esas instituciones de derroche, pero acusa al PP de ser responsable del despilfarro por haberlas creado. Le falla lo de la humildad a Antich si atribuye a otro sus defectos: si las creó el PP es él quien las mantiene, utiliza y ocupa con sus adictos. Porque ¿cuántas de esas empresas inútiles ha suprimido en sus años al frente del Govern? ¿Cuántos nuevos nombramientos ha hecho su Govern en esas empresas? Y peor, ¿cuántas nuevas empresas añadió su propio Govern? Culpar a otro tampoco es respetuoso con la inteligencia de los votantes, que ven como entre unos y otros nos esquilman pero también ven que el responsable de acabar con la prodigalidad es Antich desde el momento que asume el poder. Y lo que hizo es aumentarla. Cuando Antich acose el derroche que preside tendrá fuerza moral para pedir sacrificios a los trabajadores de sanidad y la educación, que entonces pueden aceptar aún más recortes en solidaridad con sus conciudadanos parados. Y dejará de tratarse de una imposición pactada con algunos sindicatos de esos que en la práctica funcionan también como otra entidad más del poder, a base de subvenciones, con el añadido de su ideología. Pero no pretenda Antich que confiemos en sus buenas intenciones de pagar el 2011 lo que no paga el 2010, con las perspectivas económicas que tenemos.
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