ALBERT CANO
El controvertido editorial publicado por los periódicos catalanes, advirtiendo contra la intención del Tribunal Constitucional de recortar el Estatut, es otra muestra de la distancia creciente entre las élites catalanas y las del resto de España. Según se resuelva el embrollo estatutario, pueden derivarse consecuencias importantes.
El empantanamiento del Estatut en el TC ha sido el resultado de un cúmulo de errores de todos los implicados. La mayoría absoluta de Aznar propició una borrachera de poder que le llevó a enfrentarse contra sus aliados en la anterior legislatura (CiU y PNV). Resultado en Cataluña: ascenso fulgurante del independentismo.
Mientras, Zapatero prometía a Maragall respetar «el Estatut que apruebe Cataluña» para desgastar al PP, al intuir que él no ganaría las elecciones de 2004. Pero pasó el 11-M y ZP se echó atrás, acordando un Estatut rebajado con Artur Mas. Un Estatut que, ante el tacticismo de los políticos catalanes, afectados por el descrédito de la corrupción insinuado en el 3% de Maragall, fue castigado con una baja participación. Y así, hasta llegar al recurso de inconstitucionalidad del PP (del que se arrepiente Rajoy, porque le dificulta pactar con CiU si gana las elecciones sin mayoría absoluta).
Pero los rifirrafes no deben ocultar lo importante. Ante la crisis y sus efectos (durante años: la recuperación no será inmediata) hay una lucha por compartir el pastel catalán: la zona con más pymes, recaudación fiscal e internacionalización económica de España (más del 25% de las exportaciones procede de Cataluña) y, dato importante, con dependencia decreciente respecto al mercado español (ejemplo, el cava: 61%, exportación; 18%, Cataluña; 21%, resto de España). Los vínculos no están rotos. Pero parece que entramos en una época donde cada palo deberá aguantar su vela.
