JOAN SERRA
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha actuado con inusual celeridad y extremado celo legalista para poner contra las cuerdas al Consell por haber instalado el centro de menores en el antiguo cuartel militar de sa Coma sin que se hayan modificado previamente sus usos y sin contar con los preceptivos permisos. La actuación municipal –inobjetable jurídicamente, pues nada exime al Consell de cumplir con sus obligaciones legales– encierra en realidad un mensaje político de mucha mayor trascendencia: con su reacción desmesurada, Sant Antoni venía a decir que no pensaba permitir absolutamente nada en sa Coma que no tuviera su beneplácito.
Pero tan cierto como que la ley estaba de su parte es que la verdadera motivación del Consistorio de Portmany ha sido estrictamente partidista. ¿Cómo si no podría explicarse que hayan funcionado hasta ahora sin ninguna objeción los talleres para discapacitados que instaló en sa Coma el anterior gobierno insular del PP, del que el propio alcalde José Sala formaba?, ¿cómo justificar de otro modo que se exija ahora al centro de menores lo que nunca se exigió a esos talleres?, ¿requirió alguna vez Sant Antoni los permisos de actividad a Can Pep Xico cuando acogía el centro de menores?, ¿acaso era distinta allí la responsabilidad municipal en esos casos? En fin, ya se sabe que en política, rige demasiadas veces una vieja costumbre: al amigo, el favor; al enemigo, el reglamento, y al indiferente, la legislación vigente.
Sin embargo, el Govern aprobó anteayer un decreto ley que traspasa al Consell de Ibiza la ordenación urbanística de sa Coma y faculta a la institución para establecer un régimen de usos provisional, lo que permitirá el funcionamiento del centro de menores y otros posibles equipamientos. Se trata de una medida sensata y necesaria para agilizar la instalación de infraestructuras y equipamientos públicos en un recinto que se asienta sobre dos municipios distintos. De no haberse hecho así, para dar nuevos usos al antiguo cuartel hubiera sido necesario modificar los planeamientos urbanísticos de Vila y Sant Antoni, con una larga e imprevisible tramitación para cada uno de ellos y un doble procedimiento de aprobación final ante el propio Consell. Tratándose pues de unos terrenos pertenecientes a más de un municipio y de una instalación de interés supramunicipal, era razonable concentrar en la institución insular la responsabilidad de ordenar esos terrenos, por elementales motivos de eficiencia. Interpretar esta decisión del Govern como una represalia por la actuación de Sant Antoni con el centro de menores carece de toda lógica; primero, porque una medida así no se improvisa en tan poco tiempo, y segundo, porque Sant Antoni y Vila, mantendrán intactas sus competencias municipales para autorizar la actividad de las instalaciones que se ubiquen en sa Coma, cuando sea preciso.
Si Sant Antoni se muestra comprensiblemente tolerante con el funcionamiento de muchos establecimientos y empresas para no perjudicarles mientras acaban de tramitar sus últimos permisos o soportan los retrasos de la propia Administración en concederlos, con más motivo debería haber aplicado esa misma tolerancia con el funcionamiento de un servicio social público como es el centro de menores. Si hubiera llegado a ordenar su cierre, como había advertido, el perjuicio no hubiera sido para el Consell ni para sus responsables, sino para los chicos y chicas que están bajo su tutela y que necesitan un lugar adecuado para vivir. Con el mismo rigor que quiso aplicar injustamente al centro de menores, ¿cuántos negocios, naves industriales e incluso edificios públicos tendrían que cerrar mañana mismo en Sant Antoni?
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