Si la opinión publicada es reflejo de la opinión pública, es muy significativo el hecho de que doce periódicos catalanes, de muy diversa línea ideológica, se hayan concertado para publicar un editorial conjunto en el que interpretan un recorte sustancial en el Estatut como un ataque a la dignidad de Cataluña. Un concierto como el que se dio el pasado jueves es un hecho inédito que no se puede despachar con desdén.
Algunos interpretan la iniciativa como una inaceptable presión al Constitucional. Aunque lo fuera, no creo que añada un ápice a la que ya soporta el tribunal fruto de la difícil tarea encomendada, de su carácter inédito, al tener que pronunciarse por primera vez sobre una ley aprobada por dos cámaras y sometida a referéndum, de su incapacidad para despacharla en un periodo razonable y de la precariedad de sus filas, con un magistrado recusado, otro fallecido y cuatro más con su mandato agotado y pendientes de renovación. No es la mejor coyuntura para afrontar un asunto de este calado.
Los miembros del Tribunal Constitucional ya deben dar por descontado que sea cual sea el cariz de su sentencia levantará polémica. Ya saben que algunos de quienes ahora defienden su independencia y el respeto a las reglas del juego se revolverán si los magistrados dan luz verde al preámbulo que cita, aunque sea de refilón, a la nación catalana. Y saben que desde Cataluña cualquier recorte será interpretado como menoscabo a la voluntad de sus ciudadanos. Las filtraciones sobre los debates indican que la decisión, sea cual sea, será ajustada, que lo uno o lo otro puede tener encaje constitucional según se estire el músculo interpretativo. Y ahí se muestra, en todo su esplendor, la rica, y a veces dolorosa, complejidad de España.
