De «sobredimensionadas» califica el Govern balear sus propias nóminas de docentes de cursos de reciclaje de catalán para profesores. El de por sí loable objetivo de fomentar el uso de la lengua catalana ha acabado en equiparar ese objetivo con el bien común y en justificar que su fomento se convierta en imposición legal. Los profesores del Institut de Ciències de l´Educació (ICE) son privilegiados por la sobredimensión: 75 euros la hora no parecían bastante y les suman complementos hasta los 90, por conceptos tan artificiosos que el Govern no se molesta en aclarar cómo se cumplirán ahora que retiran los incentivos. Ha tenido que arruinarse el Govern para que trascienda el precio de artista a que cotiza la hora de sus predilectos.
El tiempo dirá si el apoyo político y crematístico a la exigencia de una lengua en un territorio conseguirá a la larga imponerla a la sociedad multilingüe que lo habita. Lo evidente hoy es que hay beneficiados de esa política, hecha con los impuestos de todos pero que beneficia a sólo una parte de la sociedad, con lo que otra sale necesariamente perjudicada, y que se provoca así un desequilibrio y división en la sociedad que los beneficiados se niegan a reconocer. Con todos mis respetos, esos profesores de catalán no son los ciudadanos más capacitados, más brillantes y más necesarios para subvenir las necesidades de la sociedad. Pero conseguir que los fines de algunos, loables de por sí, los subvencionemos todos, se ha hecho costumbre. El penúltimo político imputado, López Garrido, lo es por la misma cuestión: dar dinero del erario a su grupo ideológico. Los de los 90 euros la hora callan desde el anonimato, pero López Garrido se justifica con una excusa reveladora del mundo aparte en que viven estos dirigentes: «Las subvenciones a la Fundación Alternativas se adjudicaron cuando ya no formaba parte de la entidad». Es decir, que las subvenciones no eran trigo limpio si las daba formando parte de la entidad, así que sale oficialmente de ella y ya se las puede dar, y así cumple la ley.
Ahí está el quid del asunto: los políticos buscan excusas formales y legales para actos éticamente reprochables. Aunque arreglara los papeles a tiempo para que todo quede legal, da razón López Garrido a quien le acusa de inmoralidad: el rigor en la observancia de la ley para burlar su espíritu es la definición misma del fariseismo. Una actitud demasiado frecuente en políticos que buscan los entresijos de la ley para justificar modos amorales de proceder.
Pedimos a nuestros representantes honestidad y nos salen con que cumplen la ley. Aciertan el Govern y López Garrido en la sobredimensión y cumplimiento de la ley. Pero no dan el paso siguiente y obligado para buscar el bien común, que es su deber y la única razón de que representen al Estado: plantearse si defendien a la sociedad o a sí mismos, si usan el gobierno de todos para imponer a los demás sus propias ideas, si justifican los medios con tal de conseguir sus fines, si han olvidado que reducir la democracia a una cuestión de formas equivale a matarla.
El Centro Tomás Moro que denunció a López Garrido mantiene que el exceso de presupuesto público, y de los impuestos que lo sostienen, es una de las principales causas de la corrupción española, que da lugar a un exceso de intervencionismo estatal y a esas subvenciones a fundaciones de los partidos políticos, a sociedades seudoculturales que predican una ideología y a sindicatos y asociaciones empresariales, todas las cuales deberían pagarlas sus socios con sus cuotas.
