El PP ha construido toda su defensa sobre la trama de corrupción Gürtel poniendo al estado bajo sospecha. Primero fue arrojando toda la basura sobre el juez Baltasar Garzón, primer instructor del sumario. Después, se inventó una nueva teoría de la conspiración -sucedáneo de la que manejo con tan pocos escrúpulos sobre el 11-M- para figurar que el estado de derecho era tan vulnerable que podía ser manejado contra el partido de la oposición desde el Gobierno. Ahora, cuando parecía que la convención de Barcelona había marcado una senda hacia la ocupación del centro, la cabra vuelve a tirar al monte y el PP se enzarza con el Ministerio del Interior en una nueva acusación sin pruebas de que se estarían utilizando los medios de que dispone el sistema judicial español para perseguir el delito contra el partido de la oposición. El PP tira piedras contra su propio tejado, porque en la medida en que pueden tomar cuerpo en determinados sectores de la opinión pública sus acusaciones hacia el estado de derecho disminuye la calidad de la democracia española y con ella la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los partidos. El PP no encuentra espacio en una oposición constructiva que aporte sus proyectos para sacar a España de la crisis. Se conforma con el desgaste del ejecutivo al que añade sus particulares dosis de erosión del sistema sin darse cuenta de que la falta de solidez de nuestra democracia castigará a todos los partidos, incluido claro está el que ahora está en la oposición y quiere alcanzar el poder. Mariano Rajoy no termina de definir su liderazgo y se deja llevar por las excentricidades de cada una de las facciones que forman el PP en el que da la impresión de que no hay nadie al timón de un barco en el que el capitán sólo aparece cuando ya la situación parece ingobernable. Ahora es el programa Sitel de escuchas bajo supervisión judicial el que está en entredicho: eso significa que los argumentos irresponsables del PP les van a servir en la defensa de Batasuna, de las mafias internacionales y de todo aquel que sea perseguido por la Justicia. Debiera ser motivo de reflexión para los dirigentes del PP.
