Tronaron los obispos por boca del portavoz, monseñor Antonio Martínez Camino. Tal cual: «Quitar la vida a un ser humano es contradictorio con la fe católica. Quien contribuya a ello está en la herejía y, por tanto, excomulgado». Solo le faltó nombrar la bicha del Santo Oficio contra quienes cometan el grave pecado de promover, votar o apoyar la reforma propuesta por el Gobierno sobre la vigente ley del aborto.
Es curioso. Aunque el portavoz del Episcopado invoca el primer mandamiento de Dios y de los hombres, el de no matarás, no lo relaciona con las mujeres católicas que eventualmente puedan interrumpir un embarazo, ni con los colaboradores necesarios en la práctica de un aborto, asimismo católicos. Las advertencias –amenazas, en realidad, porque habla de las penas reservadas a los infractores– se centran en los ciudadanos (votantes) y en los representantes de los ciudadanos (diputados) que profesen la religión católica.
Me parece un despropósito recordar a esos diputados y a esos ciudadanos que quitar la vida a un ser humano es contradictorio con la fe católica. Anda, y con la ley natural, que no necesita abrazar ninguna fe religiosa para proclamar y reconocer el derecho a la vida de cualquier ser humano. El despropósito consiste en sugerir que están animando o promoviendo la práctica del aborto, como si disfrutaran aniquilando vidas de seres humanos, por el hecho de apoyar, al margen de las creencias religiosas de cada cual, la necesidad de mejorar los sistemas de prevención de embarazos y, puesto que de todos modos es inderogable el aborto como fenómeno social, también la necesidad de una mejor regulación jurídica y sanitaria de la interrupción del embarazo.
De todos modos, la cólera de los obispos no es la cólera de Dios. Sería como tomar su nombre en vano. Como mucho, es la cólera del portavoz episcopal, que amenaza con el fuego eterno a quienes promuevan, voten o apoyen la futura ley. De cabeza al infierno sin remedio si luego dejan este mundo sin confesión. De la vigente ley del aborto y de los gobernantes católicos que la aplicaron, Martínez Camino también guarda silencio. Sus advertencias no tienen carácter retroactivo.
Queda abierto el debate sobre la objeción de conciencia para los ciudadanos católicos por razones civiles, al igual que la ya instituida objeción de conciencia de los ciudadanos católicos por razones religiosas ¿Por qué no puede un católico, como Bono, o Blanco, objetar en nombre de su conciencia –civil, por supuesto– una instrucción de la Jerarquía? Se supone que la arquitectura moral de los diputados no va a quebrarse ni a reforzarse por las admoniciones del portavoz. Sólo faltaba eso.
